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Amnistía Internacional alertó "por la detención en Venezuela de miles de personas por protestar". En un comunicado, mencionó que "exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso".
Detalló que "las ONG locales afirman que al menos 700 personas están siendo acusadas de “terrorismo”, incitación al odio y otros delitos discrecionales. Información creíble indica que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y trasladadas a prisiones de máxima seguridad, expuestos a altos riesgos de malos tratos y tortura".
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Además, indicó que "en cuatro días, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias masivas de manifestantes. Según el fiscal general, al menos 1.062 personas están detenidas".
Más temprano, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó lo que consideró "violencia de Estado", en alusión a las detenciones y "persecución" contra antichavistas que no reconocen el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.
"Nosotros condenamos los hechos de violencia, pero debo destacar que sobre todo existe una violencia de Estado ejercida contra la ciudadanía", dijo, en rueda de prensa, la exdiputada Delsa Solórzano, en nombre de la coalición, que denunció la vandalización de la sede del partido Vente Venezuela (VV), donde funcionó el comando de campaña presidencial del antichavismo.
*Con información de EFE
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