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Madrid.— El ingreso de Carles Puigdemont a una prisión alemana ha tensado la situación en Cataluña, que sigue sin gobierno desde octubre por el encarcelamiento de los líderes independentistas y la negativa de los partidos a proponer candidatos que no tengan problemas con la justicia.
Puigdemont compareció ayer ante un juez en Neumünster, quien decretó que debe seguir en prisión provisional hasta que se resuelva su extradición a España, que podría alargarse varias semanas después de que el ex presidente la haya rechazado. El líder catalán habló con su mujer el domingo, a quien transmitió que “ahora no debe haber violencia” en Cataluña. Su esposa transmitió que el político estaba “tranquilo” y consciente de su complicada situación.
El Parlamento catalán se reunirá el miércoles a petición de los tres grupos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la CUP con el objetivo de “adoptar todas las medidas necesarias” para que puedan acceder al cargo Puigdemont, su segundo Jordi Sánchez, o Jordi Turull, quien fue encarcelado el viernes a la mitad de su proceso de investidura.
La principal medida que debatirá el parlamento es un cambio de su reglamento para que pueda ser nombrado presidente un candidato ausente, en prisión o fuera de España. Los servicios jurídicos de la Cámara ya avisaron que la medida sería ilegal.
Nuevos datos trascendieron de la detención de Puigdemont. Varios agentes españoles lo seguían durante su visita a Finlandia el viernes, cuando el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena reactivó la orden internacional de captura. El político huyó primero en barco hasta Suecia, y después por carretera, de regreso a Bélgica, donde residía.
Los policías instalaron un geolocalizador en el carro que se desplazó a Suecia a buscarlo. Esperaron a que atravesara Dinamarca y entrara en Alemania y una patrulla de carretera local lo detuvo en una gasolinera.
Alemania declaró ayer que el caso de Puigdemont debe solucionarse “con base en el derecho español”, y respaldó la actuación del gobierno de Mariano Rajoy. La Comisión Europea dijo que apoya las acciones de España.
Tras las intensas protestas por la captura de Puigdemont, la tensión llegó a la familia del juez Llarena, para la que la Fiscalía Superior de Cataluña pidió medidas de protección, así como para el juez, a raíz de mensajes en Twitter donde fueron amenazados.
