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Buenos Aires. Un juez federal acusó formalmente el lunes al expresidente argentino Alberto Fernández por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yáñez.
El magistrado Julián Ercolini procesó al exmandatario “como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades”, según la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.
Fernández, un peronista que gobernó de 2019 a 2023, también fue acusado de “lesiones graves y amenazas coactivas” contra su expareja y madre de su hijo Francisco y deberá enfrentar juicio oral.
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Ercolini embargó a Fernández por 10 millones de pesos, equivalentes a unos ocho mil dólares.
Según la prueba reunida por la justicia, Fernández ejerció violencia física, psicológica y económica contra Yáñez durante ocho años, incluidos los cuatro del mandato presidencial. Algunas de las agresiones habrían sido puñetazos y zamarreos, así como “hostigamientos, insultos y ninguneos”.
Fernández ha negado públicamente los hechos que Yáñez, de 43 años, denunció en agosto de 2024.
Fernández aún "puede apelar el procesamiento", aclaró a la AFP Mariana Gallego, abogada defensora de Yáñez. "Una vez firme (la causa) se eleva a juicio oral", explicó la abogada.
La fiscalía recabó pruebas del teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez, en las que la exprimera dama aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
Ercolini se refirió en su escrito a dos lesiones específicas que se corresponden con dos fotos filtradas a la prensa, que muestran a Yáñez con un ojo y un brazo morado.
Además, el magistrado señaló que Fernández se habría aprovechado de la "particular relación asimétrica de poder" que tenía con su pareja al menos desde 2016 hasta el momento en que Yáñez realizara la denuncia.
Ercolini es el mismo juez que tramita otra denuncia contra el expresidente por una supuesta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato, caso que aún no fue elevado a juicio.
En esta causa el exmandatario recusó al magistrado por supuesta parcialidad, petición que aún está pendiente de resolución.
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