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La decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar o suspender los beneficios temporales de los programas migratorios Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para latinoamericanos y caribeños, destruirá miles de lazos familiares e ignorará los derechos humanos fundamentales de los menores de edad estadounidenses cuyos padres serán expulsados.
La alerta fue expuesta ayer en la 167 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se efectúa en Bogotá desde este lunes y concluirá el viernes, y ante delegados del gobierno del presidente Donald Trump. Los denunciantes son organizaciones no estatales de EU e interamericanas de defensa de migrantes: Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y Alianza Américas.
Cancelados o eliminados TPS y DACA, aumentarán las deportaciones desde EU de personas que regresarán a países “con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo”, “altos índices de corrupción y pobreza” y “poca o nula infraestructura para facilitar un reasentamiento masivo” y las familias se desintegrarán, advirtieron las organizaciones.
Con el fin del TPS, que se otorga a víctimas de desastres naturales o guerras, “estoy enfrentando la posibilidad de volver a un país aún más violento que el que abandoné”, alegó la salvadoreña Yanira Arias, beneficiaria del plan, al comparecer a la CIDH por videoconferencia desde EU.
