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La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reconoció la importancia de contar con un marco jurídico sólido necesario para el desarrollo de proyectos de inversión, sin embargo, expresó su preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Amparo.
En particular aquellas que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de las resoluciones de los jueces y, el artículo transitorio con efectos retroactivos.
“Este último representa un grave riesgo, ya que podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley.
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“El sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales”, indicó la ADI, en un comunicado.
Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas, agregó la Asociación.
Además, la aplicación inmediata de normas cuestionadas mientras se resuelve su constitucionalidad expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que afectan su viabilidad financiera.
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“La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final.
“En conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura, y desincentivan la llegada de capital extranjero”, aseguró.
La ADI hizo un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para que, en la discusión de esta reforma, se preserve no solo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho.
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La ADI reiteró su disposición al diálogo con los Poderes de la Unión y con la sociedad civil organizada, con el propósito de construir soluciones que fortalezcan la certeza jurídica, protejan la inversión y permitan que el sector inmobiliario continúe siendo motor del desarrollo económico.
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