Miami.— El operativo realizado el domingo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reabrió un reclamo permanente de los mexicanos a Estados Unidos: el tráfico de armas, muchas de las cuales terminan en manos de las organizaciones criminales.
De acuerdo con las cifras que dio recientemente el secretario mexicano de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 18 mil armas largas y cortas. Este lunes, en la conferencia matutina, Trevilla reiteró que entre 77% y 78% de las armas aseguradas tienen origen en EU.
Sin embargo, aunque el origen de las armas es EU, y aunque Washington coopera con inteligencia y anuncia mecanismos para frenar el flujo hacia el sur, el corazón del asunto sigue protegido por la propia política interna estadounidense.
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Trevilla dijo recientemente que de 2012 a la fecha, en México se han asegurado 137 mil cartuchos útiles, muchos de ellos, calibre .50, asegurando que 47% “provienen” de la planta Lake City Army Ammunition Plant, una instalación propiedad del gobierno de Estados Unidos. Y añadió que esos cartuchos “han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos”.
“No basta con anunciar cooperación, hace falta demostrar, con trazabilidad verificable y resultados judiciales, en qué punto se rompe la cadena que permite que material producido en Estados Unidos, incluida munición vinculada a una planta del propio gobierno estadounidense, termine en manos de organizaciones criminales en México”, comenta a EL UNIVERSAL el experto en seguridad binacional, Jaime Ortiz.
Al hablar del acuerdo que sostuvieron México y Estados Unidos para detectar y contener el tráfico de armas hacia territorio mexicano, bautizado como Mission Firewall (Misión Cortafuegos), “la discusión relevante hoy es si existen esfuerzos reales del lado estadounidense para cumplir el acuerdo y presentar evidencia suficiente para medir el impacto”, acota el especialista.
Mission Firewall fue anunciado en la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad Estados Unidos-México, celebrada el 26 de septiembre de 2025 en McAllen, Texas. El Departamento de Estado estadounidense lo presentó como un mecanismo para coordinar acciones regulares entre agencias de ambos países, bajo principios de cooperación y respeto a la soberanía. El objetivo: frenar el flujo de armas desde EU hacia México mediante una coordinación operativa binacional, uso ampliado de herramientas de rastreo como eTrace y un intercambio de información más ágil entre autoridades.
Sin embargo, en los portales oficiales revisados por EL UNIVERSAL no se localiza algún instrumento bilateral publicado con las rúbricas personales que identifique firmantes individuales y compromisos verificables y “esa ausencia de firmas condiciona de raíz cualquier reclamo de responsabilidad en ambos lados de la frontera”, señala Ortiz. La trazabilidad forense, que se presenta como objetivo central del acuerdo, exige procesos que sólo pueden evaluarse si se publican resultados, como identificación de números de serie cuando existen, rastreo de ventas, reconstrucción de cadenas de intermediación, detección de compras a nombre de terceros y coordinación judicial entre jurisdicciones.
En los materiales públicos consultados por este diario no aparecen reportes consolidados que respondan lo básico: cuántas armas recuperadas en México fueron rastreadas hasta su origen en EU, cuántas investigaciones se abrieron a partir de esa trazabilidad y cuántas llegaron a acusaciones o condenas. En el tema de municiones, el reto es todavía más exigente, porque los casquillos y lotes pueden dar pistas, pero requieren metodologías consistentes para conectar el origen, la venta y el desvío, algo que hoy no se muestra en series públicas comparables.
Esa ausencia de métricas públicas es el núcleo del problema para evaluar la eficacia del acuerdo; sin series temporales y sin indicadores claros no hay forma de distinguir entre acciones operativas aisladas y una reducción sostenida del flujo de armas. “Exigir los totales de armas rastreadas hasta su origen, el número de investigaciones iniciadas por trazabilidad forense y el número de condenas obtenidas no es un capricho técnico, es la condición mínima para medir resultados”, subraya Ortiz. La narrativa oficial ha preferido la anécdota al dato: se publican decomisos raquíticos con fotografías y comunicados locales, pero no se publica un informe nacional consolidado que permita comparar periodos y medir tendencias.
La opacidad sobre la formalización del acuerdo tiene consecuencias prácticas: “Sin un acta pública y sin reportes consolidados”, las agencias pueden comunicar operativos puntuales “sin que exista un mecanismo público de evaluación que permita medir si esos operativos se traducen en una disminución estructural del flujo de armas”. Ello “favorece la comunicación de logros tácticos y dificulta la evaluación de impacto estratégico”, explica Ortiz.
México ha intentado combinar presión pública con rutas judiciales en EU. La estrategia de demanda contra fabricantes y distribuidores fue presentada como complemento para frenar la oferta que alimenta al crimen organizado, pero su trayectoria terminó en un punto decisivo: el 5 de junio de 2025 la Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la demanda mexicana al sostener que la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA) protege a fabricantes y vendedores frente a ciertos reclamos civiles por el uso criminal de sus productos.
La discusión de fondo puede seguir en otros frentes, pero el resultado concreto fue que esa vía no produjo, por sí misma, un cambio operativo verificable en el corto plazo.
La falta de datos también afecta una pregunta básica de política pública: si no hay indicadores publicados, tampoco hay forma de evaluar el uso de recursos. Sin cifras de armas rastreadas, de expedientes iniciados por inteligencia y trazabilidad, de acusaciones federales y condenas y sin mediciones por periodo y por ruta, no se puede saber si la cooperación está bien enfocada o si sólo produce actividad dispersa. Esto “es lo mínimo para distinguir entre un programa que reduce el problema y uno que sólo lo administra con comunicados”, subraya el experto.
El balance de la cooperación en el tema de las armas es asimétrico: abundan anuncios de coordinación y algunos episodios de decomiso, pero no hay evidencia consolidada para sostener que el flujo de tráfico de armas hacia México se redujo de forma sostenida y significativa.
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