Grupos defensores de los inmigrantes demandaron el lunes al gobierno de Estados Unidos por prohibir el acceso al asilo en la frontera sur, alegando que dichas restricciones son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución.
La decisión del gobierno estadounidense, detallada en una de las órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración del presidente Donald Trump, es “tan ilegal como sin precedentes”, dijeron los grupos —encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)— en la demanda presentada en un tribunal federal de Washington.
“El gobierno está haciendo justo lo que el Congreso por estatuto decretó que Estados Unidos no debe hacer. Está devolviendo a los solicitantes de asilo —no sólo a adultos solteros, sino también a familias— a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso ha proporcionado”, escribieron los abogados.
La ACLU y otros grupos presentaron la demanda en nombre del Proyecto Florence, con sede en Arizona; Las Americas Immigrant Advocacy Center (Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas), con sede en El Paso, y RAICES, ubicada en Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que no hace comentarios sobre legislación pendiente. La Casa Blanca defendió las acciones del presidente.
“El presidente Trump recibió un mandato contundente para poner fin al desacato y abuso de nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras. El gobierno de Trump continuará poniendo a los estadounidenses y a Estados Unidos primero”, manifestó Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.
En una orden ejecutiva, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una invasión a Estados Unidos y que “suspendía la entrada física” de migrantes hasta que él decida que dicha invasión ha terminado.
La orden ejecutiva también suspendió la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo.
En dicha orden, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
Fue el golpe más reciente al acceso al asilo que comenzó durante el gobierno del presidente Joe Biden, el cual limitó severamente la capacidad de las personas que ingresan al país en sitios ubicados entre los cruces fronterizos oficiales para calificar para solicitar asilo. Pero también tenían un sistema por el cual 1.450 personas al día podían programar una cita en un cruce oficial con México con el fin de solicitar protección en Estados Unidos.
Trump puso fin a ese programa en su primer día en el cargo, parte de una estrategia amplia destinada a llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, revirtiendo políticas de Biden que ofrecían algunos caminos y protecciones para inmigrar, y bloqueando el acceso a la inmigración en la frontera sur.
Los activistas dicen que el derecho a solicitar asilo está consagrado en la ley de inmigración del país, y que negar a los migrantes ese derecho pone en grave peligro a las personas que huyen de la guerra o la persecución.
Los críticos han dicho que relativamente pocas personas que vienen a Estados Unidos en busca de asilo califican para recibirlo, y que toma años para que los sobrecargados tribunales de inmigración lleguen a una determinación sobre tales solicitudes. Las personas que desean obtener asilo deben demostrar que tienen temor a la persecución con base en motivos relativamente reducidos relacionados con la raza, la religión o la nacionalidad, o por pertenecer a un grupo social o político particular.
En la demanda, los grupos argumentaron que la inmigración “incluso en niveles elevados” no constituye una invasión, y pusieron de relieve que el número de personas que ingresan al país entre los puertos de entrada había caído a niveles mínimos no vistos desde agosto de 2020.
“La proclama hace la afirmación falsa de una invasión para justificar la eliminación de todos los medios de solicitar asilo, sin tener en cuenta el hecho de que el Congreso ha tomado medidas durante más de cuatro décadas para crear un refugio seguro para aquellos que huyen del peligro”, señaló Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, quien ha presentado argumentos de defensa en muchos de los casos clave relacionados con el asilo durante los últimos dos gobiernos. “Ningún presidente, incluido el presidente Trump durante su primer mandato, ha alegado nunca tener el poder para eliminar el asilo unilateralmente”.
Los grupos argumentaron que la declaración de Trump fue un “ejemplo extremo de extralimitación presidencial”. Dijeron que el gobierno está “expulsando sumariamente a los no ciudadanos” —a menudo en sólo unas pocas horas— sin darles la oportunidad de solicitar asilo u otras formas de protección a las que tienen derecho legalmente, y sin darles la oportunidad de hacer una llamada telefónica.
aov/mgm
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