Los chilenos deciden este domingo sobre el futuro de su Constitución. Unos 15.4 millones votarán a favor o en contra de una nueva propuesta de Carta Magna redactada en su mayoría por sectores de la derecha que contiene puntos polémicos sobre los derechos de las mujeres, el aborto, la objeción de conciencia, la paridad, las garantías de las infancias, los pueblos indígenas, entre otros.
Esta nueva propuesta llega luego de que un primer proceso constituyente fracasara, con 62% de votos en contra, en septiembre de 2022. Estos son los puntos más polémicos de la nueva propuesta.
Derechos de las mujeres
A inicios de noviembre el sondeo de Plaza Pública Cadem mostró que 53% de las chilenas habían decidido que rechazarán la propuesta. Un artículo polémico establece “el derecho a la vida de quien está por nacer”. Associated Press citó a la consejera feminista María Pardo, militante del partido Convergencia Social, y dijo que ese “quien”, “hace referencia a la calidad de ser humano, persona, respecto de la vida del que está por nacer y eso va a tener un impacto en cómo se reciba eso a nivel legal (…) obviamente, habilita la posibilidad de que retrocedamos en materia de los derechos de las mujeres”.
Actualmente se permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación. AP señaló que “de aprobarse el artículo con esa redacción, pueda colisionar con la aplicación de la ley que permite el aborto”.
En la propuesta anterior se indicaba que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción (…) El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación (...) así como el acceso a los servicios y prestaciones requeridos para ello”.
Rocío Montes, jefa de información de El País en Chile, recordó entonces que esa propuesta causó “polémica, entre otros asuntos, porque no resulta frecuente que en las constituciones se incluya expresamente la norma sobre aborto. Lo común apunta a establecer los derechos sexuales y reproductivos, pero de forma genérica”.
Paridad
La BBC señaló que “grupos feministas se han opuesto (…) a la decisión del consejo de eliminar la paridad en las próximas elecciones parlamentarias”. De acuerdo con la periodista Antonia Laborde, de El País, “las derechas cedieron al reemplazar que la ley ‘promueva’ al acceso por el ‘asegurar’ el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. También se incluye una norma transitoria —que en principio había sido rechazada— para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60%-40%”.
La pasada propuesta constitucional se estructuró “sobre la base del reconocimiento de la diversidad de género (…) marcada por la paridad. Todos los órganos colegiados estatales, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, 50% de sus integrantes sean mujeres. Queda por escrito que está prohibida cualquier forma de discriminación. Las organizaciones políticas deberán implementar la paridad de género en sus espacios de dirección y el sistema electoral asegurar que las listas sean encabezadas siempre por una mujer”. “Las policías y las Fuerzas Armadas, espacios predominantemente masculinos, tendrán que incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión”, indicó la periodista Antonia Laborde en El País, antes de que se votara esa propuesta que fue rechazada.
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Los niños y sus garantías
De acuerdo con ONG, en la iniciativa actual hay una “falta de reconocimiento explícito de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”. La defensora de la Niñez, Giannina Mondino, declaró que un artículo “define de forma incorrecta el principio de interés superior del niño, asumiendo que su determinación es prioritariamente desde la familia”.
Lo anterior “es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que este principio debe ser considerado por todas las instituciones públicas o privadas a la hora de adoptar decisiones que afectan o involucran a niños, niñas y adolescentes, respetando también su derecho a ser escuchados/as”, remarcó Mondino.
Anuar Quesille, defensor de la Niñez, dijo que la propuesta “requiere un trabajo”. Destacó que la norma “no reconoce los derechos de NNA (de los niños, niñas y adolescentes) y hay mecanismos confusos para efectos de la determinación del interés superior”.
En la primera propuesta se mencionaba que “niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”.
Se añadía que “el Estado debe velar por que no sean separados de sus familias salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, caso en el cual se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos”.
¿Y los pueblos originarios?
La Constitución vigente no menciona a los indígenas, pero la nueva Carta Magna, a votar, los reconoce como parte de la nación chilena, “que es una e indivisible”, y agrega que respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por la Carta Magna.
“Reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos”, señaló la AP. Sin embargo, en la anterior propuesta, rechazada, se reconocían “también los sistemas de justicia indígenas y los situaba al mismo nivel que el sistema nacional de justicia. Además, consagraba 17 escaños reservados en el Congreso para esta población. En el nuevo proyecto no constan ninguna de esas dos menciones”.
Otro punto conflictivo es la “reclusión domiciliaria” para los presos con enfermedades terminales, que algunos temen podría favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen.
Vivienda digna
Otros punto polémico de la actual propuesta constitucional se refiere, como mencionó la BBC, a “la que establece la anulación del pago de contribuciones a la primera vivienda, porque favorecería a los sectores más acomodados”.
El oficialismo ha señalado que ese artículo favorecerá a las personas de altos ingresos que dejarían de pagar contribuciones por su primer inmueble. Según su criterio, debe mantenerse un impuesto territorial, pero considera inapropiado que quede consagrado a nivel constitucional.
José Luis Daza afirmó a la AP que una Constitución debe ser neutra en materia impositiva. “Es importante que la Constitución no sea un documento usado para imponer políticas públicas favorecidas por un sector u otro”.
Sin embargo, se consagra el derecho “a la vivienda adecuada”. En la primera propuesta se mencionaba que “los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.
Añadía que “las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”.
Objeción de conciencia
Las periodistas Laborde y Antonieta de la Fuente, de El País, mencionaron que “la objeción de conciencia, en tanto, también sufrió modificaciones. El texto inicial incluía la objeción de conciencia institucional, lo que en la práctica abriría la puerta para que ciertos servicios de salud se nieguen a entregar prestaciones de salud reproductiva relativa a esterilizaciones, interrupción del embarazado legal o tratamientos anticonceptivos. Permitiría a farmacias a negarse a vender; por ejemplo, productos como la píldora del día después. Finalmente; sin embargo, sólo quedó establecido este principio a nivel personal”.
Migrantes y otros temas
Bajo la nueva propuesta, “la ley establecerá los procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan sido condenados a presidio efectivo por crímenes o simples delitos cometidos en el territorio nacional y que hayan cumplido la pena en Chile”. Además, se “procurará” que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen.
En la pasada propuesta se indicaba que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas”, que “ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al Estado donde corra riesgo de persecución, de graves violaciones de derechos humanos, o su vida o libertad puedan verse amenazadas”, y que “ninguna persona que resida en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado”.
La AP recordó que “si la nueva propuesta constitucional vuelve a ser rechazada por los chilenos en diciembre, seguirá vigente la Carta Magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que aunque ha experimentado decenas de cambios, sigue siendo rechazada por su origen”.
