Miami.— El primer año de Claudia Sheinbaum se caracteriza por un discurso de defensa de la soberanía y de esfuerzo por mantener funcionando los engranes de cooperación con Estados Unidos pese a la volatilidad generada por el presidente Donald Trump.
El 3 de septiembre, en Palacio Nacional, recibió al secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio; los comunicados conjuntos prometieron “reducir el tráfico de fentanilo, fortalecer la frontera y avanzar juntos”.
El cara a cara de Sheinbaum con Trump previsto para junio no ocurrió; en su lugar, hubo una llamada telefónica “muy buena”, según la Mandataria federal. La señal fue mantener el canal directo sin convalidar en público los asuntos arancelarios ni el retorno de migrantes no mexicanos desde Estados Unidos bajo el programa Quédate en México (MPP, por siglas en inglés).
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México también buscó a Canadá para hacer frente, juntos, a la incertidumbre que viene de Estados Unidos. Hubo coordinación práctica, posiciones comunes en los comités del T-MEC sobre reglas de origen (en especial en autopartes) y un intercambio de formatos y pruebas para certificar origen y proteger el 0% arancelario cuando se cumple el tratado. También trabajaron entre cámaras empresariales para documentar costos y riesgos en cadenas compartidas (automotriz, eléctrica y metalmecánica) y presentarlos a las autoridades de EU. La meta conjunta es simple: mantener integradas las cadenas de Norteamérica y dar certeza a la inversión mientras sigue el debate en Washington.
T-MEC, comercio y aranceles
En comercio, el año se ha jugado en dos tableros conectados entre sí: cumplimiento estricto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, USMCA, en inglés) y la palanca arancelaria en manos de la Casa Blanca. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó el 17 de enero un Interim Final Rule que detalla la implementación del tratado con más claridad, pero también con más escrutinio documental. La industria automotriz volvió a ser el termómetro de las reglas de origen.
En este primer año de presidencia de Sheinbaum, la frontera no se midió en discursos, sino en aranceles; al final de los estira y afloja y de las amenazas constantes de Trump, al momento lo que hay es 0% cuando la mercancía mexicana acredita origen del T-MEC; 25% para lo que no califica y entra por el carril de “emergencia” y 50% en los metales de mayor comercialización: acero, aluminio y cobre, así como en los light trucks que pierden origen.
“Lo que le interesa a Washington es montar esa pinza arancelaria a través de la IEEPA [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internaciona] como un andamiaje y consiguió hacerlo operativo en las aduanas estadounidenses”, dice a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez.
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Las autopartes quedaron bajo un umbral de 25% cuando no cumplen con el T-MEC; los metales estratégicos (acero, aluminio y cobre) treparon a 50% y el resto del universo mexicano paga 25% si cae fuera del tratado.
Aún hay una esperanza: la Corte Suprema de Estados Unidos agendó para el 5 de noviembre la revisión de la legalidad de usar la Ley IEEPA como base de aranceles amplios. “Lo que decida el máximo tribunal redefinirá el margen de la Casa Blanca para condicionar el comercio por razones de seguridad, con efectos inmediatos para México”, subraya Jiménez.
La Presidencia mexicana combinó una cooperación operativa en la frontera con decisiones comerciales propias, como elevar a 50% el arancel a autos importados desde China, un gesto leído como un alineamiento geoeconómico y de contención de desvíos (transshipment) a Norteamérica, además de ser un mensaje al inversionista del nearshoring.
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Narco, el elefante en la sala
Trump dejó claro que el tema de las drogas es prioritario y en febrero designó terroristas a seis cárteles mexicanos. El gesto más visible de México hacia el gobierno de Trump han sido los dos paquetes de entregas masivas de narcotraficantes buscados por la justicia estadounidense: 29 narcos el 27 de febrero y 26 más el 12 de agosto. “Para la Casa Blanca, esas custodias rindieron doble función: exhibieron resultados inmediatos y sostuvieron o aplazaron otras palancas de presión comercial y financiera contra México”, asegura Jiménez.
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) usó por primera vez la FEND Off Fentanyl Act para emitir órdenes que prohíben ciertos envíos de fondos vinculados con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa; el 19 de agosto extendió la entrada en vigor al 20 de octubre para permitir la implementación global. Para México, “fue un parteaguas porque tocó instituciones conocidas y aceleró la presión regulatoria a la velocidad de una crisis; muy conveniente para la administración Trump”, dice Jiménez.
Esas mismas órdenes de envíos de fondos de lavado de dinero de Estados Unidos a México plasmaron la linea que más inquieta a Washing- ton: los pagos desde México a empresas en China para adquirir precursores y equipos como prensas e insumos, entre otros.
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A la ofensiva financiera se sumaron sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, del Departamento del Tesoro) contra la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y una red de personas y empresas en Baja California.
En un hecho reciente, el listado incluye a la diputada federal mexicana Hilda Araceli Brown Figueredo, elevando el costo de la narcopolítica como tema bilateral.
Huachicol fiscal
Otro gran tema en la relación bilateral ha sido el huachicol fiscal.
El 1 de mayo, FinCEN emitió una alerta sobre esquemas de contrabando de crudo y combustibles en la frontera suroeste operados por cárteles; el mismo día, la OFAC sancionó a personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por robo de combustible y tráfico de crudo. La señal fue inequívoca: el petróleo y los destilados hurtados hallaban compradores y pagos en México, Estados Unidos, el Caribe, Europa, África, Asia e, incluso, Oceanía, tal y como documentó en su momento EL UNIVERSAL.
A esas acciones siguieron designaciones adicionales que subrayaron un punto: el huachicol fiscal se volvió una fuente prioritaria de ingresos no relacionados a drogas para organizaciones criminales con alcance binacional y, en ese sentido, se volvió prioridad del Tesoro, que busca ahorcar financieramente al narco.
Del lado mexicano, “el último caso, no el único, más estrepitoso ha sido la red de combustible importado como aditivos para evadir impuestos en México —el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— y los controles de seguridad, con tráfico marítimo de Texas hacia Altamira en Tampico”, comenta el abogado y especialista en seguridad Jaime Ortiz Ortiz; al momento este escándalo reporta 14 detenidos. Entre los responsables hay mandos navales, incluidos un vicealmirante y un contralmirante, así como empresarios.
Las armas, el eterno reclamo
Del frente norte a sur con armas y lavado de dinero, “se habla poco, pero es igual de peligroso porque es lo que alimenta la fuerza de los cárteles mexicanos, dinero y armas”, advierte Ortiz, y agrega: “Aquí sí, la presidenta Sheinbaum y todos los mexicanos van perdiendo”. En tribunales, México recibió un fuerte revés: el 5 de junio, la Corte Suprema de EU bloqueó por unanimidad su demanda contra fabricantes de armas bajo la PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms Act), la ley que blinda a la industria frente a usos criminales de sus productos.
Apenas el sábado, los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron operaciones conjuntas y colaboración para frenar el paso de armas con el lanzamiento de una misión binacional.
Migración
Sheinbaum arrancó 2025 con Trump presionando para “cerrar la llave” a los migrantes. El 20 de enero, la Casa Blanca declaró emergencia nacional en la frontera sur y ató la seguridad fronteriza a palancas de presión sobre México. Dos días después, anunció que restringiría la entrada de extranjeros por motivos de seguridad nacional.
El 21 de enero, el gobierno reactivó el programa Quédate en México, que obligó a solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México mientras se resolvían sus casos. Sheinbaum respondió el 22 de enero que México no había aceptado recibir a extranjeros bajo ese esquema, pero días después admitió que México estaba recibiendo deportados, incluidos no mexicanos y abrió la puerta a mecanismos acotados (por nacionalidad o con apoyo logístico y financiero) para manejar esos retornos.
La exigencia central de Washington fue la contención de deportados en territorio mexicano a cambio de alivios arancelarios y coordinación operativa. Entre el 4 y el 7 de febrero, México desplegó el primero de varios contingentes, hasta 10 mil efectivos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, en los principales cruces de la frontera norte, como parte de un acuerdo para pausar temporalmente nuevos aranceles.
Las presiones en múltiples frentes del principal socio comercial de México obligan al gobierno de Sheinbaum a mantener el “modo reactivo” y dejan pocas opciones para ampliar sus horizontes hacia otros lados.