Miami.— En lo que va de 2025, Estados Unidos ha experimentado el resurgimiento de enfermedades transmisibles que anteriormente se consideraban controladas. La preocupación mayor es que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado enfoques de salubridad que están generando debates y preocupación entre científicos y los residentes de la Unión Americana.
De la gestión del Covid-19 a la des- regulación del sistema de salud y la relación con organismos internacionales, las políticas implementadas están dejado una huella profunda en la política sanitaria del país. Millones de estadounidenses se preguntan qué va a pasar en su nación si llega a presentarse otra pandemia igual o mayor que el Covid-19, de cuya declaración, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cumplen 5 años este 11 de marzo.
Actualmente existe en Estados Unidos un brote de sarampión que se extiende ya a 10 estados del país; la mayoría de contagios se han registrado en personas no vacunadas o con estatus de vacunación incierto. En Texas se registró la primera muerte por esta enfermedad, de un menor no vacunado, y más de 156 casos. El sarampión puede causar complicaciones severas, de ahí la importancia de la vacunación; sin embargo, aunque el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un conocido antivacunas, llamó a la gente en zonas de baja vacunación a inocularse, también emitió la recomendación de usar vitamina A para combatir el brote, una medida sin base científica. Sus palabras, publicadas en el diario The Washington Post, desataron polémica.
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La influenza aviar H5N1 también ha mostrado un incremento preocupante en Estados Unidos. Hasta enero de 2025, se han confirmado 66 casos humanos desde 2024, con una muerte reportada en Louisiana. Aunque la mayoría de las infecciones están relacionadas con exposiciones directas a animales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan evaluando la situación y estiman que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. El problema es que la administración del presidente Trump ha hecho a un lado a la CDC.
Entre las administraciones de Barak Obama (2008-2016), Joe Biden (2020-2024) y las dos de Donald Trump (2016-2020 y 2024-2028) hay grandes diferencias que, a decir de científicos, podrían costar la vida de decenas de personas en la Unión Americana en caso de una nueva pandemia mundial o de epidemias virales que no se están atendiendo, como la viruela.
La administración Obama es reconocida por la implementación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) en 2010, conocida popularmente como Obamacare. Esta legislación tenía como objetivo principal ampliar la cobertura de salud a millones de estadounidenses, estableciendo mercados de seguros y prohibiendo la discriminación basada en condiciones preexistentes. Obama destacó en su momento que “la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio no es sólo una reforma, es una necesidad para la justicia social y económica de nuestro país”.
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Durante su primer mandato (2017-2021), Trump intentó en múltiples ocasiones derogar y reemplazar la Obamacare, calificándola de “desastre”. A pesar de contar con una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso en 2017, los esfuerzos legislativos para desmantelar la ley no prosperaron.
Biden, quien era vicepresidente durante la implementación de la ACA, asumió la presidencia con el compromiso de fortalecer y expandir dicha ley. Su administración implementó subsidios adicionales para hacer que los planes de salud fueran más asequibles y promovió una mayor inscripción en los mercados de seguros. Enfatizó que “la salud es un derecho, no un privilegio, y debemos asegurarnos de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica de calidad”.
En su segundo mandato iniciado en enero de 2025, Trump ha retomado sus esfuerzos para desmantelar la ACA. Ha firmado órdenes ejecutivas que revierten las políticas de expansión implementadas por Biden y ha promovido alternativas que, según sus críticos, podrían reducir las protecciones al consumidor establecidas por la ley original.
Migración y salud pública
La intersección entre las políticas migratorias y la salud pública ha sido un tema recurrente en las últimas administraciones. Durante la pandemia de Covid-19, la administración Trump invocó el Título 42, una disposición de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944, para expulsar rápidamente a migrantes en la frontera bajo el pretexto de prevenir la propagación del virus. Esta medida fue criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos en salud pública. Un informe de Human Rights First señaló en ese momento que “la administración de Trump usa como pretexto la pandemia causada por el coronavirus para alcanzar su objetivo a largo plazo de evitar que los refugiados busquen y reciban protección humanitaria”.
Al asumir la presidencia (2021-2025), Biden enfrentó presiones para revertir el Título 42. Aunque inicialmente mantuvo la política, en mayo de 2023 su administración anunció su finalización, argumentando que las condiciones de salud pública habían mejorado. Sin embargo, esta decisión llevó a un aumento en el número de migrantes que intentaban cruzar la frontera, lo que generó críticas sobre la gestión de la crisis migratoria. En contraste, durante su mandato, Barack Obama no utilizó el Título 42 y se enfocó en medidas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y en promover una reforma migratoria integral, que nunca llegó.
En su segundo mandato en 2025, Trump invoca nuevamente razones de salud pública para frenar la migración masiva. El mandatario alega que los inmigrantes que llegan a la frontera proceden de diversos países y pueden ser portadores de enfermedades desconocidas.
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El recuerdo de la hidroxicloroquina
La respuesta a crisis sanitarias ha variado notablemente entre administraciones. Durante la pandemia de Covid-19, la administración Trump fue criticada por su manejo de la crisis, incluyendo mensajes contradictorios sobre la gravedad del virus y la eficacia de las medidas preventivas. Aunque su gobierno apoyó el desarrollo rápido de vacunas a través de la Operación Warp Speed, también sembró desinformación, como cuando Trump dijo estar usando hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria y el lupus, del que comenzaron a surgir versiones, no probadas, de que funcionaba contra el Covid-19.
Biden, al asumir el cargo, priorizó una respuesta coordinada a la pandemia, implementando mandatos de uso de mascarillas en propiedades federales y promoviendo campañas de vacunación masiva. Su administración trabajó para aumentar la disponibilidad de vacunas y fomentar la confianza pública en su seguridad y eficacia. Biden declaró que “nuestra meta es vacunar a tantos estadounidenses como sea posible para finalmente superar esta pandemia”.
Aunque Barack Obama no enfrentó una pandemia de la magnitud del Covid-19 durante su mandato, su administración gestionó brotes como el H1N1 en 2009, ordenando campañas de vacunación y se coordinó con agencias internacionales de salud para contener la propagación del virus.
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En 2025, en este segundo mandato, Trump nombró a Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos. Se trata del mismo hombre que difundió teorías sin respaldo científico que vinculan algunas vacunas con el autismo y que está en contra de la vacunación obligatoria.
Retiro de la OMS
La colaboración con entidades internacionales ha sido otro punto de divergencia entre administraciones. En 2020, Trump anunció la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando a la organización de mala gestión de la pandemia y de estar influenciada por China. Esta decisión generó preocupación a nivel global, dado el papel crucial de la OMS en la coordinación de respuestas sanitarias internacionales.
Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, declaró, “con su decisión… el presidente Trump muestra al mundo su flagrante desprecio por la salud pública mundial y por la necesidad de que los países trabajen codo con codo para abordar las amenazas globales a la salud”.
Biden revirtió esta decisión al asumir la presidencia.
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Sin embargo, con la reelección de Trump, la relación entre Estados Unidos y la OMS volvió a tensarse. En su primer mes del segundo mandato, Trump ordenó nuevamente la suspensión de los fondos estadounidenses para la organización y retomó el proceso de retiro de su gobierno de la OMS, argumentando que sigue siendo “un organismo politizado y corrupto”.
No sólo eso: su plan de recortes presupuestarios está desmantelando programas de detección e investigación médica de los CDC, que además se ve afectado por los recortes masivos de personal ordenados por el gobierno. Al mismo tiempo, ha tomado medidas para detener el suministro de medicamentos que salvan vidas contra el VIH, la malaria y la tuberculosis, así como suministros médicos para recién nacidos, en países apoyados por USAID en todo el mundo.
Veintidós estados del país demandaron al gobierno para evitar la aplicación de recortes que, advierten, privarían a los grupos de investigación de cientos de millones de dólares para cubrir los llamados gastos indirectos del estudio del Alzheimer, el cáncer, las cardiopatías y otras muchas enfermedades. Un juez federal les dio la razón.
La administración Trump ha comenzado a impulsar la creación de un consorcio internacional de salud con aliados como Israel y Japón, con el objetivo de coordinar respuestas sanitarias de manera independiente de la OMS. Esta iniciativa ha sido criticada por expertos en salud global, quienes advierten que debilitar la colaboración con la OMS podría dificultar la respuesta a futuras pandemias y crisis sanitarias internacionales.