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El libre ejercicio del periodismo en América Latina y el Caribe transitó en 2021 por los recurrentes altibajos de mayor o menor represión y retroceso y de avances y éxitos por la incesante hostilidad de los gobiernos de izquierda, de México a Cuba y de Venezuela a Nicaragua, o de derecha, de El Salvador a Colombia y de Brasil a Guatemala.
Ante la persecución, el encarcelamiento y las condenas de periodistas en América Latina y el Caribe en 2021, con 11 asesinatos este año, una noticia surgió este mes con impacto hemisférico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) falló a favor del periódico El Universo, de Ecuador, un periodista y directivos de ese medio y contra una condena de 2011 por 40 millones de dólares que el entonces presidente de ese país, Rafael Correa, impulsó en la justicia ecuatoriana.
La Corte declaró culpable a Ecuador de violar en 2011 los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia y a la estabilidad laboral del periodista , de los directivos y del rotativo. La justicia ecuatoriana condenó a tres años de cárcel a cada uno de los cuatro por “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, que en este caso fue Correa.
Una noticia de impacto mundial emergió en octubre. En apoyo a la prensa libre ante el ataque de los gobiernos de variada ideología, el Premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a la periodista filipina María Ressa y al periodista ruso Dmitri Murátov “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”.
“Justo cuando daban el Nobel a estos periodistas como brecha de esperanza para la prensa independiente frente al poder hegemónico, en paralelo se puso en vigor en Cuba una ley que criminaliza el acceso y la distribución de la información”, dijo la periodista “no oficialista” cubana María Matienzo, corresponsal en la isla de Cubanet, diario digital con sede en Miami, Florida, corazón del exilio cubano en Estados Unidos.
Víctima constante del múltiple asedio de la revolución comunista cubana, que la arrinconó a etapas de virtual arresto domiciliario en 2021 en La Habana, Matienzo explicó a EL UNIVERSAL que está convencida de que lo único que le falta sufrir a la prensa independiente en Cuba es el asesinato de un reportero.
“En el caso de Cuba ha sido un año en el que lo único que faltó es el asesinato de periodistas. Hubo encarcelamientos y hostigamientos constantes y sistemáticos. La nueva ley incluye a los periodistas independientes . Para no variar, Cuba ha estado de espaldas al mundo en materia de derechos de libre expresión”, afirmó.
Por el sorpresivo estallido de protestas sociales en Cuba en demanda de libertad y de democracia del 11 de julio anterior, el régimen respondió “de la manera más salvaje” con el arresto de gran número de personas que enfrentan condenas de hasta 30 años de prisión, relató.
“Entre los acusados hay 15 adolescentes o niños. Es un reto vivir en dictadura y no callarse ante esto. El periodismo independiente en Cuba, más que una profesión o un ejercicio de escritura, se vuelve un ejercicio de dignidad”, indicó.
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Más represión
Otro escenario hostil fue Nicaragua, de donde un centenar de comunicadores nicaragüenses huyó en 2021 al exilio luego de que el gobierno desató una oleada de detenciones de opositores y periodistas previo a los cuestionados comicios de noviembre de este año. El régimen adujo que los detenidos son criminales.
El (no estatal) Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, de Managua, repudió las leyes que, con el mando de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, el gobierno aprobó en 2020 para justificar la represión.
Con una “ley bozal”, hay un “combo legislativo que pretende intimidad para callar y desmotivar a todo un pueblo que ha decidido vivir en libertad”, reprochó.
El acoso también arreció sobre sectores “no oficialistas” de la prensa venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afín al régimen venezolano, condenó el 16 de abril anterior al periódico El Nacional, de Caracas, a indemnizar al dirigente chavista Diosdado Cabello con unos 13,3 millones de dólares por daño moral.
Cabello demandó al rotativo por difamación en abril de 2015 por reproducir una noticia del diario ABC, de España, acerca de que el poderoso político comenzó a ser indagado en EU por presunto nexo con el narcotráfico.
Los choques de los gobiernos con la prensa “no oficialista” se repitieron en El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, siguió indagando por evasión de impuestos y otros presuntos delitos a medios que destaparon en 2020 la negociación secreta—negada por el gobierno—con las maras o pandillas criminales para concederles beneficios carcelarios a cambio de votos para el oficialismo en los comicios legislativos y municipales de febrero de este año.
Bukele alegó que sus actos son contra la prensa tipo “panfleto”. El Faro, fundado en 1998 como el primer periódico exclusivamente digital de América Latina, planteó editorialmente que Bukele tiene una “obsesión antidemocrática por destruir a las voces críticas o que no le rinden pleitesía”.
Las pugnas de los gobiernos de México, Guatemala, Colombia y Brasil, entre tanto, con la prensa también proliferaron. El escenario guatemalteco evidenció las disputas por las revelaciones de escándalos de corrupción.
Al calificar a la prensa de “sinvergüenza”, “basura” y “mierda”, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contestó con un “cállate” a un reportero que le hizo una pregunta, en un incidente en junio de este año que agravó el enfrentamiento.
Los periodistas en Colombia soportan una persecución judicial por su labor, según la (no estatal) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Bogotá. Con el dudoso rango de ser uno de los países más peligrosos para el periodismo en América, México repitió en 2021 la impunidad y la negligencia en asesinatos de periodistas.
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