Miguel Ángel Vásquez Reyes, exoperador financiero de Miguel Ángel Mancera, fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos, por lo que permanecerá al interior del Reclusorio Norte con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En continuación de audiencia inicial, el juez de Control de la Unidad de Gestión número 12, Agustín Moreno Gaspar, determinó como suficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, quienes imputaron este delito a Vásquez Reyes, a quien señalaron como presunto líder de la operación que llevó a no pagar las aportaciones de los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol).

El juez reiteró la medida cautelar fijada en la audiencia de formulación de imputación y dio tres meses para que el Ministerio Público termine la investigación complementaria.

Exigen liberar a inculpado

Afuera de las salas orales ubicadas en Doctor Lavista 114, familiares y amigos de Vásquez Reyes se manifestaron para exigir la libertad del exfuncionario local.

Carlos David Vásquez, hermano del imputado, comentó que el único delito que se le acusa por el caso Caprepol es por evitar que se retuvieran aportaciones a pensionados y jubilados del ISSSTE, por lo que “hoy lo que quiere el gobierno es cobrarle esas cuotas a los pensionados que ya prestaron toda su vida laboral”.

También leyó un mensaje que hizo llegar Miguel Ángel Vásquez en donde refería que “por más de 20 años en el servicio público, sirviendo siempre para mejorar la Ciudad, he visto muchas injusticias en todos los sentidos, pero también se logró transformar esta ciudad con el esfuerzo de miles de hombres y mujeres. Hoy no voy a señalar mi situación como una injusticia, por el momento lo voy a dejar como un error en la impartición de justicia”.

La defensa del exfuncionario, el litigante Carlos Alberto Cruz, dijo que agotarán los medios legales para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, toda vez que es un delito asentado en el Código Fiscal de la Ciudad de México y que no aparece en los delitos graves.

Dijo que recurrirán al amparo pues “es parte de la estrategia buscar protección de la justicia federal”.

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