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Tras la polémica que generó el nombramiento de Victorino Barrios Dávalos como contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) por el Congreso mexiquense, este martes, el rector Alfredo Barrera Baca informó que ya se incorporó a sus actividades.
A través de un comunicado, el rector de la UAEMex indicó que dio la bienvenida al contralor, quien va a cumplir con una labor que se desprende de las reformas para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Barrera Baca destacó que la institución cumple con el mandato de la Legislatura mexiquense y refrendó el compromiso de la UAEMex y la Administración 2017-2021 con la transparencia y la rendición de cuentas.
Indicó que en conjunto con el titular del órgano de control interno, designado por la Legislatura mexiquense, se realizará un arduo trabajo para la reestructuración de la contraloría universitaria y atender lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las reformas a la Constitución Local en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y la designación de la LX Legislatura del Estado de México.
Victorino Barrios Dávalos, dijo el rector, contará con todas las facilidades para realizar las actividades que le fueron encomendadas y los próximos 28 y 30 de septiembre será presentado ante los órganos de gobierno de la institución.
Hasta hace unos días, Barrera Baca informó que había un amparo en contra de la designación y rechazó que haya recibido la notificación sobre el nombramiento oficialmente.
Añadió que de acuerdo con los procedimientos legales, la casa de estudios tenía cinco días para permitirle asumir el cargo que debió ocupar desde el 11 de septiembre, por ello subrayó la importancia de realizar el procedimiento apegado a la ley.
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El martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Maurilio Hernández, informó que la negativa del rector para permitir que el contralor Barrios Dávalos ocupara su cargo, era una muestra "de que algo oculta" en la máxima casa de estudios mexiquense.
Señaló que “están incurriendo en un desacato, el rector y las autoridades universitarias, y esto implica dos medidas; una de carácter penal, que se puede acudir ante la Fiscalía por el desacato, y otra de carácter administrativo”.
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