Verifican módulos privados en MH y BJ; seguirán funcionando

En medio de una disputa política entre el PAN y Morena, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (Agepsa) verificó 10 laboratorios privados de pruebas Covid-19, entre ellos, los instalados en las explanadas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, y en ningún caso se aplicó suspensión o sanción.

En un comunicado conjunto, las dos demarcaciones informaron que tras la inspección no se reportó que los módulos privados tuvieran riesgo sanitario en su operación, por lo que continuarán realizando los tests, con la única condición de que sean a bajo costo y estén certificados, además de seguir buscando que otros laboratorios se sumen a esta acción.

Indicaron que confían en que los laboratorios den cumplimiento, en caso de existir, a alguna petición por parte de dicha agencia.

La Agepsa detalló que revisó el cumplimiento de la normatividad en cuanto a aviso de funcionamiento, aplicación de pruebas aprobadas por Cofepris, emisión de resultados de acuerdo con la NOM07 de los Laboratorios Clínicos, manuales de procedimiento, personal capacitado para la toma y transporte de muestra, notificación epidemiológica de los resultados y “se identificaron algunas insuficiencias que no ponen en riesgo la salud de las personas que acuden”.

Durante la verificación, las alcaldías apuntaron que hubo molestia por parte de las personas que estaban formadas para practicarse la prueba.

Esto generó una confrontación entre los legisladores en el Congreso capitalino.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del PT, Lourdes Paz Reyes, presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por la mayoría, para exhortar a los alcaldes a abstenerse de favorecer negocios privados y lucrar económica y políticamente con la venta de pruebas.

Los panistas respondieron, a través de la diputada América Rangel, para acusar a Morena de “cínica y desvergonzada, porque en lugar de agradecer que esas alcaldías ayudan al Gobierno capitalino, que es incapaz de ofrecer ese servicio a la población, ahora dicen que es ilegal”.