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Toluca, Méx.— El gobierno del Estado de México envió una iniciativa al Congreso mexiquense para construir dos centros penitenciarios a través del esquema de iniciativa privada —Asociaciones Público Privadas (APP)— para pagar durante 25 años.
El planteamiento del Ejecutivo estatal es construir las cárceles en Otumba e Ixtapaluca, cada una con un costo de 15 mil millones de pesos más IVA, mediante el esquema APP, que es una inversión a largo plazo y que tiene por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado.
El gobierno estatal explicó que comparó dos opciones: la primera, construir y operar el centro penitenciario bajo el esquema tradicional de contratación de obra pública y, la segunda, el proyecto para la prestación de servicios bajo el esquema APP, en donde el sector privado tendrá la responsabilidad y el riesgo de financiar, construir, equipar, operar y dar mantenimiento a los lugares, incluido el tratamiento de readaptación.
“Los resultados de este estudio demuestran que el esquema APP permitirá brindar mejores condiciones a un menor costo, además es factible transferir riesgos con un valor superior a los 3 mil 900 millones de pesos, que de otra manera estarían a cargo del gobierno mexiquense”, especifica el documento. Con base en la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal a los diputados, las 28 mil 221 personas privadas de su libertad en 22 centros penitenciarios representa al menos 128% más de la capacidad para la que fueron creados, es decir, hay sobrepoblación.
Para solucionar este problema, la Secretaría de Seguridad concluyó que Ixtapaluca y Otumba son los lugares óptimos para construir nuevas cárceles debido a su accesibilidad. Los dos centros penitenciarios están previstos para albergar a 4 mil presos; cada una tendrá 2 mil espacios y en cada caso 600 serán espacios para procesados (400 para mínima seguridad y 200 para mediana seguridad) y mil 200 para sentenciados (300 de mínima y 900 de máxima seguridad), además contarán con un módulo de máxima seguridad con 100 espacios, de los cuales 30 serán para procesados y 70 para sentenciados, aunado a esos lugares contarán con 40 espacios para ingresos y 60 para los imputados.
El Ejecutivo mexiquense explicó que con base en el estudio realizado por la Secretaría de Seguridad estatal se requiere mejorar las condiciones de vida de la población penitenciarias a través de instalaciones, servicios y programas asistenciales. Esta iniciativa de ley ya fue turnada a las comisiones unidas de Seguimiento de la Operación de Proyectos para Prestación de Servicio, la de Planeación y Gasto Público y la de Finanzas Públicas del Congreso mexiquense para su análisis.
El Ejecutivo requiere la autorización del Legislativo para formalizar este esquema de financiamiento.
