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Arquitectos y urbanistas llamaron al Congreso y al Gobierno de la Ciudad de México a aprobar la ley de ordenamiento territorial, y poner a consulta el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), ya que de no hacerlo se derivará en posibles amparos, además de incrementar los cárteles inmobiliarios.
Representantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Academia Nacional de Arquitectura refirieron que existe “una omisión legislativa que por una parte generará amparos para reclamar el derecho humano a la Ciudad y, por otra, la invalidez jurídica del procedimiento de consulta y aprobación de los instrumentos del sistema de planeación del ordenamiento territorial que lo integran”.
Aclararon que en ningún caso el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que es un organismo con autonomía técnica y de gestión, puede sustituir al Congreso al proponer y desarrollar disposiciones que debieran estar en una legislación aún inexistente.
El presidente del Consejo Directivo Nacional Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan L. Kaye López indicó que los documentos que fueron puestos a consulta carecen de una visión metropolitana. Además, señaló, que ni el PGD y el PGOT abordan temas de riesgos en la capital.
“Todos lo días tenemos movimientos sísmicos en la Ciudad, hundimientos y esto genera condiciones críticas donde, además hay asentamientos irregulares que son muchos, variados, en barrancas, arroyos y esto genera condiciones de inseguridad y dificultad que hay que tomar en cuenta”, aseveró.
Juan L. Kaye López dijo que la ley de ordenamiento territorial debió ser aprobada hace dos años. “No sabemos qué está pasando con la ley. (...) Está en el limbo”, agregó.
El presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, José Reygadas aseguró que este posicionamiento es una protesta con “lo que evidentemente está mal”. El representante de la Ciudad de México, de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Armado Rosales, reiteró que la meta es evitar la judicialización futura en la aplicación de la normatividad.
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