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El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Gobierno a crear un protocolo para el reordenamiento de la vía pública de manera pacífica y con absoluto respeto a los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en los integrantes de la diversidad sexual, para evitar hechos de violencia como los ocurridos el domingo en la Alameda Central en el que dos funcionarios de vía pública de la dependencia capitalina golpearon a una mujer trans cuando se realizaba un operativo para el retiro del comercio informal.
Este punto de acuerdo, que también solicita la no repetición de estos hechos violentos, fue presentado en tribuna por la diputada Diana Sánchez Barrios, quien aseguró que esta agresión es un llamado urgente para fortalecer las políticas públicas para garantizar que ninguna persona en la Ciudad sea violentada por su identidad de género.
“No podemos permitir que la identidad de género sea motivo de agresión, es nuestra obligación, como representantes populares, garantizar que la dignidad y los derechos de todas las personas sean respetados. Ganarse la vida como mujer comerciante no debe ser motivo para ser violentada”, comentó.
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Asimismo, destacó la pronta intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en este tema. “Gracias a esta respuesta los responsables fueron presentados en el Ministerio Público y ahora enfrentan un proceso legal, la acción gubernamental fue clara: la Ciudad de México no tolera la violencia ni la discriminación, esto refleja una administración con un profundo compromiso humanista donde la justicia se garantiza para todas y todos sin distinción”.
Sánchez Barrios subrayó que resulta imprescindible la creación de protocolos claros y efectivos que aseguren que cualquier reordenamiento del espacio público se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y sin poner en riesgo la integridad de ninguna persona.
Mencionó que estos protocolos deben garantizar capacitación en derechos humanos para el personal encargado de los operativos; mecanismos de mediación y diálogo antes de cualquier acción en la vía pública; supervisión estricta para prevenir abusos y actos de violencia; perspectiva de género; y diversidad en la actuación de las autoridades.
“No podemos retroceder ni permitir que actos de violencia empañen los avances que hemos logrado como sociedad, La justicia debe prevalecer, la paz debe ser nuestra bandera y el respeto a la dignidad humana, nuestro principio rector”, concluyó.
aov/cr
