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El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Eduardo Santillán Pérez, adelantó que el Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México será de carácter público, pero sólo contendrá los datos de los sentenciados condenatoriamente.
“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se incluirán datos personales de las víctimas, que hagan posible su identificación y generen una segunda victimización”, sostuvo el legislador de Morena.
Reveló que el dictamen de esta ley quedará listo el próximo viernes, “para el marte s presentarlo ante el pleno, cuya propuesta consta de 81 artículos y tres transitorios”.
Con base en el predictamen, el registro sólo se verificará cuando exista la instrucción de la autoridad jurisdiccional, considerando su inscripción y a partir de qué momento es efectivo el término de 10 años que señala la legislación penal aplicable, que comenzará a correr una vez que cumpla su sentencia el acusado o cuando lo ordene el juez.
Detalla que el resguardo del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad estará a cargo de la Agencia de Innovación Digital, pero la organización, administración y actualización será responsabilidad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, que establecerá los protocolos para la recepción, procesamiento y consulta.
Todo esto está establecido en el artículo 60 bis del documento, donde también señala que dicha subsecretaría tendrá la encomienda de adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad, integridad y accesibilidad de la información, así como la protección de los datos personales.
De igual forma, proporcionar información sobre los agresores sexuales a las autoridades locales competentes, así como a toda persona que lo solicite, vigilar el uso correcto de la información contenida en el registro y, en su caso, sancionar o dar vista a la autoridad competente respecto del uso indebido de la información,
Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tendrán la encomienda de elaborar e instrumentar acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva y donde residen personas incluidas en el registro.
La base contendrá fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad, así como señas particulares y modus operadi, entre otros de los agresores sexuales.
