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Cuautitlán Izcalli, Mex.- Solo 11 personas han mostrado interés en alguno de los 189 inmuebles asegurados durante la Operación Caudal, desarrollada en 48 municipios el pasado viernes, señalaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
El lunes 27 de octubre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los trabajadores del gremio de los piperos. Durante estas reuniones, les informaron que para conocer la situación legal de los bienes, tanto inmuebles como pipas, deberán presentarse ante el Agente del Ministerio Público de la FGJEM.
Las fuentes aseguran que la intervención en cada uno de los 189 inmuebles asegurados está respaldada por carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias ciudadanas, de autoridades encargadas de la operación y distribución del agua potable e incluso de oficio por parte del Ministerio Público.
Las investigaciones también revelaron violaciones al Código Penal del Estado de México, ya que descubrieron que ciertas zonas en la entidad estaban acaparadas por un solo grupo para el transporte, distribución y comercialización del agua potable.
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Además, la ley mexiquense exige que los vehículos dedicados al transporte, distribución o comercialización del agua potable cuenten con un registro oficial expedido por la autoridad competente, según lo establece el Artículo 145 ter del Código Penal de la entidad.
El viernes 24 de octubre, se llevó a cabo un operativo con la colaboración de fuerzas federales, cuya plantación comenzó previamente en mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de Agua del Estado de México y organismos municipales operadores del agua.
La Operación Caudal no intervino ni afectó ninguna instalación, pozo, válvula, garza, tubería o vehículo que forme parte de la infraestructura hidráulica o de la red de distribución de agua potable en los municipios. Por lo tanto, estos sistemas continúan funcionando con normalidad para el suministro de agua.
Además, la Fiscalía exhortó a la población a presentar sus denuncias ante los ministerios públicos correspondiente para reportar cualquier actividad ilegal relacionada con la extracción, distribución o comercialización del agua potable.
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