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Como parte de una reforma constitucional para establecer límites al alza de rentas en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones inquilinarias.
La mandataria adelantó que dicha institución —que prevé establecer en la Constitución capitalina— estará encargada de defender los derechos tanto de los arrendadores como de los arrendatarios.
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