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El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez, están en desacuerdo con la regulación de gas pimienta e inmovilizadores eléctricos como defensa personal que propuso el diputado morenista Nazario Norberto.
Opinan que estos artefactos pueden provocar daños a terceros, además de que no consideran que sean una solución ante la violencia y acoso que podrían sufrir las mujeres.
La propuesta, que reforma el artículo 251 del Código Penal de la Ciudad, establece que no se consideran objetos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas ni las armas electrónicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo, siempre que no provoquen la pérdida del conocimiento ni pongan en riesgo la vida.
Ante esto, Jesús Orta comentó que “la postura que tenemos es que no debemos utilizar ningún medio que pueda ser agresivo a cualquier otra persona, aunque sea en defensa propia. Entendemos, por otro lado, que el acoso, el abuso, la amenaza hacia las mujeres impliquen que puedan tener elementos de defensa personal, incluso cuando estén solas, eso lo entendemos, no lo favorecemos pero estaremos pendientes a lo que disponga el Legislativo, que es a quien le toca la norma...”.
Consideró que esta decisión debe ser tomada bajo consulta ciudadana: “En este tipo de situaciones lo mejor es tener un foro ciudadano donde se puedan dar las opiniones. El gas pimienta es una medida efectiva de inhibición y, en todo caso, de acción cuando se tiene una amenaza”.
Al ser cuestionada sobre el tema, Nashieli Ramírez argumentó que la portación de estos artefactos no es una medida viable de autocuidado, pues podría incitar a los agresores a usar armas: “Estamos de acuerdo en acciones de autocuidado, pero en un margen de manejo de riesgo, no de respuesta al riesgo, que además expone a más, porque nadie te dice que tú sacas eso y provocas al que tienes enfrente a que te conteste no con un gas, sino con una pistola”.
La ombudsperson agregó que “no podemos, por cuenta propia, pretender que así vamos a lograr una disminución de la violencia o un control de la inseguridad. Porque así como tienes primero el gas pimienta, al rato se va a convertir en linchamiento, porque forma parte de la misma lógica; entonces, naturalmente no estamos de acuerdo con ese tipo de legalizaciones”.
Por último, Ramírez se dijo confiada en que se registre mayor número de denuncias de las mujeres y se combata la cifra negra.
