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En lugar de reformas al Código Civil, como lo pretenden diputados locales de Morena, deberían proponer decretos para encontrar solución a los conflictos de arrendamientos por la pandemia, “y no dividir más a la sociedad, pues la iniciativa busca dar preferencia a unos y perjudicar a otros”.
Así lo manifestaron académicos, empresarios inmobiliarios, funcionarios y diputados locales, al participar en el foro virtual Vivienda y arrendamiento en tiempo del Covid-19, organizado por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Eduardo Santillán.
La diputada de Morena Valentina Batres Guadarrama, promotora de la iniciativa, resaltó que este foro ayudará a debatir lejos de interpretaciones parciales y superficiales: “Abonará a una sociedad más informada y ayudará al Congreso a tomar la mejor decisión. Es una iniciativa ciudadana, por lo que todavía falta afinarla, discutirla”.
Descartó que se pretenda despojar a propietarios de sus inmuebles ni facilitar la extinción de dominio, rentas congeladas o disminución de rentas, “no atenta contra la propiedad privada”, enfatizó.
El exmagistrado electoral federal Flavio Galván destacó que primero habría que establecerse si los legis-ladores de Morena pretenden solucionar el problema de arrendamientos generado por esta contingencia o acabar con lo que existe desde hace años, que ya lo contempla el código actual.
Esto fue avalado por el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM, Miguel Ángel Beltrán Lara, y el vicepresidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Homero Díaz Rodríguez, quienes exigieron que los proponentes consideren el verdadero contenido del Código Civil “y no busquen dividir a la sociedad, pues parece que buscan beneficiar a unos y perjudicar a otros”.
Beltrán Lara propuso que en lugar de reformar el código mejor busquen crear un decreto, donde el Gobierno proponga apoyos económicos en rentas menores de 10 mil pesos, donde las partes acepten hacer sacrificios, “pues es necesario que todos participemos en situaciones como las que vivimos”.
En tanto, Salvador Sacal Cababie, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, advirtió que de aprobarse esa iniciativa “todos perderemos y lejos de solucionar el problema lo agravará”.
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, recordó que de acuerdo con el Inegi, en la capital del país 25% de las viviendas están en arrendamiento: “700 mil viviendas están en este régimen. Por ello es necesario crear un escenario de certidumbre”.
