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La disputa entre la Secretaría de Movilidad (Semovi) y las empresas de renta de bicicletas sin anclaje y scooters continúa, en esta ocasión ambos mostraron su músculo.
Mientras la dependencia inició los operativos contra Lime y Mobike, las firmas aseguraron tener amparos e incluso una de ellas invitó a sus usuarios a denunciar los retiros de las unidades.
Ayer la Semovi, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa, llevó a cabo un operativo para quitar de la vía pública las unidades de las empresas que perdieron su permiso por no pagar las contraprestaciones.
Como resultado de este dispositivo fueron llevadas al corralón 105 unidades de la empresa Mobike y 121 de Lime, informó la Semovi.
La dependencia destacó que el 25 de julio envió notificaciones para sacar las unidades de Lime de las calles; mientras que el 12 y 23 de julio hizo lo propio con Mobike; la primera no pagó 12 millones 600 mil pesos por mil 750 scooters y la segunda, 6 millones 240 mil pesos por 2 mil 400 bicis.
“Los operativos se realizan de acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad y el Reglamento de la Ley de Movilidad; tienen como misión dar certeza a las empresas que obtuvieron un permiso anual para brindar sus servicios”, indicó la dependencia.
Ante esta acción, Mobike solicitó a sus usuarios en Twitter denunciar el retiro de las unidades: “Mobiker, ¿has visto a alguien retirando nuestras bicis de la calle? La facultad sobre el espacio público recae únicamente en las alcaldías. Tu apoyo es clave para detener este retiro injustificado. Por favor, compártenos cualquier foto/video y ubicación”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, René Ojeda, representante de Mobike, aseguró que esta medida fue una venganza personal por parte del titular de la Semovi, Andrés Lajous Loaeza, contra estos sistemas de movilidad.
“El secretario se brinca sus facultades, porque él no regula el espacio público, además no hay nada que sustente estos operativos”, dijo.
Expuso que no tienen la intención de no pagar e incluso le presentaron a la Semovi diferentes propuestas, en las que se solicitó que la contraprestación fuera proporcional a lo que valen sus equipos y lo que cobran al usuario.
“La Semovi genera un impuesto a las bicicletas totalmente emulado, porque se está pagando más que un refrendo vehicular a los automóviles; es un impuesto totalmente fuera de lugar”, defendió.
Por ello, adelantó que presentaron un amparo para evitar el retiro de las unidades y que se les regresen las que llevaron al corralón.
En tanto, Andrés Lajous acusó que las empresas quieren flexibilidad para obtener permisos por la vía jurídica y están recurriendo a la desinformación, ya que otras empresas están cumpliendo con el pago de su contraprestación.
Detalló que los usuarios que contrataron por un año el servicio de Mobike y Lime podrán interponer sus quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pues detalló que “sabían desde un principio que no podían pagar la contraprestación y aun así siguieron permitiendo a los usuarios la contratación”.
Lime dio a conocer que explora alternativas legales para actuar: “Buscamos proveer opciones de movilidad convenientes y accesibles para la Ciudad y estamos dispuestos a pagar la contraprestación por la oportunidad de hacerlo.
“ Sin embargo, es inviable operar bajo un esquema que no ofrece certeza jurídica. Las acciones del día de hoy son un claro ejemplo de la falta de garantías y esquemas claros para las empresas de patines eléctricos compartidos”, dijo.
