Proponen que tirar basura sea delito tipificado en el Código Penal local; hasta seis años de cárcel por contaminar espacios públicos

La diputada local de Morena Elizabeth Mateos propuso una pena de hasta seis años de prisión para las personas que arrojen basura en la calle.

La legisladora presentó una iniciativa para que tirar basura en lugares prohibidos deje de ser una falta administrativa y se convierta en un delito tipificado en el Código Penal local.

Esta propuesta detalla que se impondrán de tres a seis años de prisión y de 40 a 120 días de multa a quien tire, deposite, arroje, abandone o descargue basura, residuos sólidos, urbanos, escombros, sustancias contaminantes o desechos de cualquier tipo cuyo volumen sea menor a un metro cúbico en la vía pública.

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Asimismo, estará prohibido y penado arrojar basura en parques, jardines, camellones, plazas o cualquier otro espacio público; tampoco en cuerpos de agua, barrancas, áreas naturales protegidas o de valor ambiental; en inmuebles públicos o privados sin autorización; en zonas escolares, hospitales o lugares con alto tránsito peatonal; y en terrenos baldíos o inmuebles en

estado de abandono. Cuando el volumen de los materiales arrojados sea igual o superior a un metro cúbico, las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad, señala la iniciativa.

De igual forma, se proponen penas de seis a nueve años de prisión y de 200 a 500 días multa a quien promueva, organice, administre o consienta el establecimiento tiraderos clandestinos, sin la autorización expresa de la autoridad competente.

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Elizabeth Mateos comentó que actualmente arrojar basura en la vía pública o mantener tiraderos clandestinos es sancionado, en el mejor de los casos, con una multa económica que rara vez rebasa los mil pesos. Dijo que como fue señalado por las y los titulares de las 16 alcaldías durante sus recientes comparecencias, esta multa no tiene efectos disuasivos, ni corrige la conducta. Al contrario, genera un clima de normalización de la contaminación urbana.

Ante esto, al tipificar esta conducta como delito, el Estado establece un mensaje claro: el daño al espacio público y al medio ambiente no es tolerable ni negociable.

Recordó que los tiraderos ilegales y la basura arrojada en calles y banquetas generan condiciones insalubres: proliferación de fauna nociva, obstrucción del drenaje con riesgo de inundaciones, malos olores, contaminación visual y exposición a agentes patógenos.

“Esto impacta especialmente en las zonas más marginadas, donde se carece de infraestructura adecuada. La presente iniciativa se enmarca en el principio de corresponsabilidad ciudadana, que implica que el cuidado del entorno no es únicamente tarea de las autoridades, sino también de quienes habitan y transitan la ciudad. En este sentido, no basta con reforzar las campañas educativas: la ley también debe sancionar a quien, con dolo o reincidencia, dañe el espacio común”, sostuvo.

LL