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Diputadas locales de Morena presentaron una iniciativa para castigar con hasta hasta 20 años de cárcel el robo y despojo de agua.
La iniciativa, promovida por las legisladoras Xóchitl Bravo y María Guadalupe Espinosa de los Monteros, detalla que se impondrán de dos a seis años de prisión a quien sustraiga, disponga o se apropie, sin derecho y sin consentimiento de la autoridad competente, de agua de uso doméstico, agrícola, industrial o de cualquier otra naturaleza, proveniente de la red pública. En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años de cárcel.
A su vez, se impondrán de cinco a 10 años de prisión a quien condicione el acceso al agua mediante: la exigencia de dádivas, promesas de dinero o contraprestaciones de cualquier naturaleza; la imposición de condiciones ajenas al servicio público para su reparto; o cualquier otro acto de coacción, simulación o abuso que restrinja injustificadamente el acceso al agua en perjuicio de una o más personas.
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Además de estas penas, se impondrían hasta 10 años de prisión cuando el despojo de agua se realice por tres o más personas, contra grupos vulnerables, o sea cometido por un servidor público.
Las morenistas señalaron que la Secretaría de Gestión Integral del Agua ha reportado pérdidas significativas derivadas de fugas y conexiones ilegales. “El robo de agua, aunque reconocido como fenómeno extendido, carece de una tipificación penal clara, lo que dificulta que las fiscalías y los tribunales actúen con contundencia”, subraya la propuesta.
En ese contexto, indican que la capital del país enfrenta una de las crisis hídricas más complejas en México. Ello, agregan, porque la sobreexplotación de los acuíferos locales; el deterioro de la infraestructura hidráulica; el crecimiento poblacional, y el cambio climático generan una presión insostenible sobre el sistema de abastecimiento.
“De acuerdo con informes oficiales, hasta el 40% del agua que circula en la red se pierde no sólo por fugas, sino también por tomas clandestinas y prácticas ilícitas de extracción, que constituyen un verdadero despojo a la colectividad”, precisa la iniciativa.
LL
