Hoy se cumplen tres años de la caída de una trabe de la Línea 12 del Metro entre la estación Tezonco y Olivos, en la cual murieron 26 personas y al menos 90 resultaron lesionadas, y el proceso legal sobre los 10 exfuncionarios vinculados a proceso, incluido el extitular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, está empantanado.
Tras la audiencia del año pasado en la que un juez determinó que el exfuncionario, junto a otros seis, siguiera en libertad su proceso, se han presentado una serie de recursos y amparos que litigan dichas medidas y retrasan las audiencias.
Para el abogado Gabriel Regino, quien defiende a exfuncionarios, incluido Horcasitas, todos están en calidad de sospechosos o investigados, pero no son imputados o señalados en un grado de responsabilidad. Consideró que por cuestiones meramente jurídicas, probablemente las víctimas y los acusados no alcancen la “justicia” esperada.
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“Hemos acudido a un recurso que se llama revisión, que va a ser competencia tanto de un tribunal colegiado como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años.
“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación”, expuso.
Incluso fue más lejos, al augurar que posiblemente la próxima audiencia se realice en los tres años siguientes.
“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México”.
Agentes y peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) a cargo de la indagatoria no han revisado el expediente en los últimos seis meses. Aseguran “no hay nada que aportar” al explicar que todo está hecho y queda en “tribunales”.
El año pasado, Ulises Lara, vocero de la fiscalía y hoy encargado de despacho, indicó que esa vinculación a proceso era el camino para lograr la justicia para las víctimas.
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Otros pendientes
“Ya pasó tiempo, las cosas se van olvidando y quedando atrás, nosotros seguimos con nuestras vidas. La justicia terrenal es muy, muy complicada y tardada”, dijo Rodrigo, quien perdió a su hermano en el accidente y firmó un acuerdo con Carso.
El abogado Teófilo Benítez indicó que hay 14 víctimas que aún no han cerrado ese capítulo de sus vidas. Para ellos la situación es más complicada, pues las autoridades les ofertaron una cantidad que no era acorde a los daños que a la fecha padecen.
“La autoridad o el gobierno no se ha acercado para absolutamente nada. Siguen dándoles la desatención a las víctimas, la falta de medicamentos, la falta de apoyo, de apoyos ortopédicos, apoyos sicológicos”, expuso.
Mientras, las autoridades capitalinas han señalado que dieron atención y apoyo a los familiares de las víctimas e incluso con la mayoría lograron los acuerdos reparatorios, el pago de la indemnización y otro tipo de ayuda.