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El coordinador del PRI en el Congreso local, Ernesto Alarcón Jiménez , propuso que sean separados de su cargo aquellos servidores públicos que menoscaben la dignidad de algún compañero o compañera que tenga alguna discapacidad.
Para ello, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la que se asienta claramente que los funcionarios “deberán generar condiciones de equidad para el debido ejercicio de las funciones de los servidores públicos que cuenten con alguna discapacidad”.
La propuesta, presentada al pleno del Congreso de la Ciudad , específica que incurrirá en abuso de funciones, “quien ejerza una conducta desigual en contra de un servidor público que cause un menoscabo a sus derechos, atribuciones o su dignidad personal, por motivo de alguna discapacidad.
Acreditada esta conducta se procederá a la separación del cargo”, establece.
Inclusión para servidores con discapacidad
En la fundamentación de la iniciativa, el priista expuso que no existe una ley que establezca los métodos de inclusión para los servidores públicos que están en situación de discapacidad, por lo que resulta importante generar una iniciativa de reforma para que las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus funciones, generen condiciones de inclusión para las personas que estén en esta situación.
Añadió que en estas condiciones deben abordarse los temas de accesibilidad, competitividad y fomento al empleo.
Paralelamente, dijo, resulta indispensable que esta protección de derechos sea propuesta de manera integral, por lo que propone agregar como elemento descriptivo de abuso de funciones, a quien cause un menoscabo en sus derechos, atribuciones o en su persona a cualquier servidor público que padezca alguna incapacidad, lo que, de acreditarse sería una causal de baja.
Alarcón Jiménez señaló también que la propuesta busca armonizar los postulados del constituyente local con los derechos, prerrogativas y condiciones de los servidores públicos de la Ciudad de México.
La iniciativa fue turnada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco, de Morena, a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y posterior dictaminación.
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