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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) solicitó la revocación del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que la anterior administración entregó a los desarrolladores del proyecto inmobiliario Mítikah para construir un desnivel vehicular y una explanada en la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía de Benito Juárez.
La medida se tomó luego que el sábado pasado, nueve trabajadores fueran detenidos en flagrancia al talar 54 árboles del camellón de Real de Mayorazgo sin contar con todos los permisos necesarios; los derribos eran para preparar las labores del deprimido.
“Vamos a solicitar la revocación del PATR para que todo lo relacionado con este documento quede sin efectos, toda vez que se hicieron acciones sin contar con las autorizaciones, lo cual ya es una causal para revocar el permiso”, mencionó en conferencia Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental de la Sedema.
La servidora pública explicó que la petición se hizo ayer a la dirección general de Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino.
El PATR, con vigencia de 10 años, se entregó a los constructores el 27 de mayo de 2017 para crear en Real de Mayorazgo una explanada “de integración” y un deprimido que conectará avenida Universidad con el desarrollo de Mítikah y con un acceso al Centro Bancomer, situado en Universidad 1200, donde se planean otras dos torres de 35 niveles que aún no están autorizadas.
Como parte del PATR, los particulares obtuvieron una “autorización condicionada” para la obra y el derribo de 80 árboles y 47 trasplantes. Primero debían obtener los vistos buenos de Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana antes de cualquier obra o tala, pero no fue así, incluso la Semovi indicó que “no es técnicamente viable” el deprimido.
La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, informó que este tema se discutía en una mesa de diálogo con los desarrolladores, pero “rompieron la mesa de trabajo” y actuaron “con dolo” en la tala de árboles.
Indicó que los nueve trabajadores detenidos fueron trasladados a un reclusorio como parte del proceso penal y dijo que “no son los responsables del delito”, puesto que ellos sólo siguieron órdenes, pero se espera que ayuden a mantener el hilo de la investigación.
Además, la Sedema está en proceso de aplicar una sanción administrativa que podría ser de hasta 50 millones de pesos por la tala, mientras que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial también inició una acción de oficio para que se impongan castigos.
Sobre la tardanza del operativo para detener la tala, se explicó que se debió a temas burocráticos. Marina Robles dijo que si bien la dependencia supo de las denuncias vecinales a las 10:50 horas del viernes 3 de mayo, se siguieron protocolos para preparar un operativo y por eso llegaron hasta las 18:00 horas.
“Llegamos a las seis de la tarde, pero teníamos que mostrar la flagrancia del delito, no podíamos porque ya no estaban los trabajadores. Tuvimos que regresar al día siguiente a las 9:00 horas y ahí sí encontramos a los trabajadores”, respondió Marina Robles.
