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Una vez más, los comerciantes y locatarios de la Plaza Izazaga 89 han salido a las calles para exigir que se les permita vender en ella. ¿Pero, cómo comenzaron los problemas con este importante sitio de comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Tanto en marzo como en junio de este año, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) había clausurado la Plaza a la falta de documentación que acreditara los trabajos realizados dentro del inmueble, pero en ambas ocasiones, su operación se reanudó al poco tiempo.
Después, el jueves 28 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Marina, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Secretaría de Economía Federal realizaron un operativo en los pisos 2 y 10 del establecimiento por para asegurar mercancía de procedencia china que no acreditaba su permanencia legal en el país.
Luego del decomiso, en el que se aseguraron 262 mil 334 artículos provenientes de Bangladesh, China, Malasia, Vietnam e Indonesia, con un valor estimado de 7.5 millones de pesos, las actividades del lugar se reanudaron como si nada hubiera pasado.
Pero, el sábado 30 de noviembre y sin previo aviso, los locatarios y comerciantes del inmueble comenzaron a retirar todas sus mercancías de manera errática y contra reloj por órdenes de los dueños del lugar ante el aviso de que el INVEA planeaba suspender las actividades del mismo.
Este proceso duró varias horas en las que los locatarios retiraron miles de cajas llenas de productos y bienes para llevarlas a distintos almacenes cercanos ante la incertidumbre de lo que iba a pasar con la plaza en las próximas horas.
Esa misma noche, personal del gobierno capitalino arribó al lugar y colocó una vez más los sellos de suspensión de actividades y se volvió a cerrar por completo el acceso a la plaza, además de que se dio inicio al proceso de extinción de dominio del lugar por parte del Gobierno Federal.
Sin embargo, esa misma noche, los productos de origen chino siguieron llegando a los distintos almacenes del centro de la Ciudad de México, cómo fue constatado en un trabajo realizado por esta casa editorial.
Pronto, los comerciantes tuvieron que encontrar otras maneras de mantener sus ingresos a flote y algunos se vieron forzados a vender los productos que lograron rescatar del interior del inmueble en la calle para obtener algunas ganancias.
Tres días después, el 3 de diciembre, los locatarios realizaron una manifestación en la que exigieron al gobierno capitalino la posibilidad de reanudar sus actividades, ya que argumentaban que la mayoría de ellos sí contaba con los permisos y el papeleo necesario para poder vender sus productos.
Tras esta manifestación, se llegó a un acuerdo en el cual el gobierno de la Ciudad de México permitiría que los locatarios que pudieran acreditar la pertenencia legal de sus mercancías pudieran retirarla de manera ordenada y que esta no fuera incautada.
Después, se llegó a un nuevo acuerdo en el que el gobierno capitalino retiraría los sellos de suspensión de actividades y permitiría el comercio en el inmueble de manera temporal a fin de no afectar la economía familiar de los trabajadores durante las fechas decembrinas.
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con su parte y retiró los sellos de ambas entradas del lugar, los dueños del inmueble no permitieron el acceso de los trabajadores, por lo que este sigue cerrado hasta el día de hoy.
Debido a esto, los comerciantes de la plaza volvieron a salir a manifestarse para que se les vuelva a dar permiso de entrar a la plaza; aseguran que su cierre ha dejado a más de 7 mil empleados y más de 4 mil familias sin ingresos.
“Vinieron y nada más auditaron tres negocios y por ellos pagamos más de 3000 personas porque solamente ellos incurrían en actividades ilegales o no reguladas y el resto de los comerciantes pagamos nuestros impuestos y hacíamos nuestro trabajo en regla y por ellos vinimos a pagar el precio todos”, externó Magdalena Nava, una de las protestantes.
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