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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviará al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y aumentar la sanción a 36 horas de arresto inconmutable a los franeleros que de forma ilegal intimiden, coaccionen o exijan pagos a los automovilistas por estacionar sus vehículos en la vía pública.
Se contempla que quienes incurran en estos actos no tendrán posibilidad de pagar su falta cívica con una multa o trabajo comunitario —como se puede hacer actualmente— para evitar el arresto, lo que ayudará, de acuerdo con las autoridades, a disminuir la reincidencia.
“Todos aquellos que infrinjan en intimidar o que exijan algún pago que sea definido por ellos para vigilar, estacionar o cuidar o lavar los autos, es decir, cuando se enfrente a situaciones como sabemos, se cometen de manera irregular, estamos aumentando la sanción a la Ley de Cultura Cívica”, dijo.
En conferencia de prensa, la mandataria advirtió que los casos en los que estas personas se “pasen de la raya” y además de apartar lugares, cometan otros delitos como coaccionar, golpear o robar a los ciudadanos, serán sancionados ya no como una falta cívica, sino ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
“Si pasan la raya, y esto significa que cometen un delito, como amenazas, como golpes, como robo o todo lo que sucede alrededor, entonces ya no es una infracción cívica, sino que se trata de un delito, y por lo tanto tendrán que ser sancionados en la fiscalía. Es decir, tendrán que asumir esos delitos o enfrentarlos en la fiscalía”, advirtió.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno dijo que esta iniciativa no busca erradicar ni criminalizar a las personas que se dedican a esta tarea, sino que se buscará implementar una estrategia integral para evitar que se cometan delitos asociados con la misma y brindarles alternativas.
“No es que se erradiquen, no se trata de erradicar, ni de criminalizar; se trata de dar alternativas y de que si de manera voluntaria —como se dice—, una persona da una propina, pues eso, una propina; no que te obliguen a dar una cuota por cuidar tu auto, o por permitir estacionarte en un punto, como sucede en algunos lugares. Entonces, es de manera integral”, señaló.
Advirtió que no se trata de hacer operativos, sino de hacer una “gran campaña de comunicación” para comunicar a estas personas lo que pueden o no hacer y concertar.
La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas precisó que actualmente las personas que son sancionados por Justicia Cívica por hacer uso ilegal del espacio público, pueden pagar una multa de mil 500 pesos o hacer trabajo comunitario y retirarse.
No obstante, señaló que con la iniciativa que se enviará al Legislativo, se establece en el artículo 28 Bis que estas acciones no tengan ninguna lógica inconmutable, es decir, que en ningún caso se podrá evitar el arresto por 36 horas que se contempla. Además, se establece qué se entiende por “espacio público”, pues señaló que al no estar establecido esta falta de claridad permitía distorsiones.
“La puerta giratoria cambia. Es decir, ya no hay una puerta giratoria donde la gente salía ya con un pago de una cuota y reincide, reincide, reincide. Incluso ya con hechos delictivos”, indicó.
Los ciudadanos podrán interponer su denuncia ante el juzgado cívico, pero la policía capitalina también podrá actuar en flagrancia por señalamiento, cuando una persona se acerca a la policía a denunciar este tipo de actos, comentó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
