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La iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso local, plantea la extinción formal del Consejo de la Judicatura, para que en su lugar entre en funciones un Órgano de Administración Judicial integrado por cinco personas que durarán en su encargo seis años improrrogables.
Uno de sus integrantes será designado por la Jefatura de Gobierno, otro por el Congreso local, y los tres restantes por el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
El Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Superior de Justicia no podrán ser presididos por la misma persona, se detalla.
Este órgano se encargará de la administración, gestión y servicio de carrera. Asimismo, le corresponde manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto, el del Tribunal Superior de Justicia y el del Tribunal de Disciplina Judicial.
Era el Consejo de la Judicatura el encargado de designar a jueces por un periodo de seis años, tras la reforma constitucional, ahora las personas juzgadoras serán electas o reelectas por nueve años.
La presidencia del Órgano de Administración Judicial durará dos años y será rotatoria, iniciando con la ponencia número uno y continuando sucesivamente hasta la ponencia número cinco.
El pasado 15 de agosto, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió una circular donde suspende los plazos y términos en todos los procedimientos que son del conocimiento de las unidades administrativas, comisiones, áreas auxiliares y comités a partir del 18 de agosto, “en el entendido que dicha suspensión se mantendrá hasta en tanto los nuevos órganos competentes determinen lo que corresponda”.
Esta iniciativa incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún juez o magistrado perciba una remuneración superior a la de la persona Titular del Ejecutivo federal.
