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Un juez penal canceló la orden de aprehensión en contra del exdiputado Manuel Alejandro Robles Gómez, quien fue acusado por el exdelegado de Coyoacán Mauricio Toledo de robo con violencia.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que la titular, Ernestina Godoy, ordenó la cancelación pues la orden de aprehensión contra Robles Gómez “fue solicitada bajo actuaciones fabricadas en la pasada administración para encarcelar al ex diputado y favorecer políticamente al PRD, así como al entonces delegado de Coyoacán Mauricio Toledo.

“Por lo anterior, esta procuraduría, al advertir la ilegalidad con la que se condujeron los servidores públicos de esta institución que participaron en la integración de la averiguación previa que da origen a la orden de aprehensión, [Godoy] solicitó su cancelación, misma que fue acordada favorablemente por el juez de la causa”, indicó.

Además, en atención a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se iniciaron las investigaciones correspondientes, por las que hasta el momento se ha vinculado a proceso a tres servidores públicos de la PGJ.

Manuel Alejandro Robles Gómez fungía como diputado local y fue acusado por Toledo de robar dos computadoras de la delegación Coyoacán, por lo que Robles pidió asilo político a Canadá para evitar ser detenido.

Denuncian a Negrete. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Raúl Flores, acudió a la fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina para ratificar su denuncia contra el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, por una grabación donde refiere que el PRD ha solicitado recursos a los trabajadores de la alcaldía.

“Nos interesa dejar claro ante las autoridades correspondientes que nuestro instituto político no ha recibido el pago de cuotas, ni mucho menos solicitado, recursos a trabajadores o servidores públicos”, expuso.

Exhortó al Gobierno capitalino a que garantice la seguridad de los empleados de esa demarcación para que, si así lo desean, puedan realizar su denuncia en contra de las personas que les han solicitado dinero, pues aseguran, tienen miedo a represalias.

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