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Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen que modifica los artículos transitorios de la Constitución capitalina para aplazar diversos nombramientos, entre ellos el del fiscal General de Justicia, que entrará en funciones el 10 de enero de 2020.
Ayer por la tarde ambas comisiones se reunieron para discutir el dictamen que indica que el Consejo Judicial Ciudadano quedará constituido a más tardar el 30 de septiembre.
Éste deberá designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura a más tardar el 15 de diciembre e iniciará funciones el 13 de enero de 2020.
Además, el Consejo Judicial Ciudadano deberá emitir una convocatoria para designar al fiscal General de Justicia, fiscal Electoral y fiscal Anticorrupción en diciembre, quienes entrarán en funciones en 2020.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia designará a los integrantes de la Sala Constitucional a más tardar el 30 de septiembre de este año. Una vez integrado el Consejo de la Judicatura se deberá instalar juzgados de tutela de Derechos Humanos en cada alcaldía, los cuales entrarán en funcionamiento a más tardar en julio de 2020.
Incumplen diputados: IP. La Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, exhortó al pleno del Congreso capitalino a no incumplir con los ordenamientos y disposiciones legales que mandata la Constitución.
El sector empresarial pidió a los legisladores “sensibilidad política y jurídica” para darle sentido a la Carta Magna “y aprovecharla para que sea un garante de certeza jurídica y un elemento a favor de la detonación de inversiones, de empresas y empleos, y de bienestar para todos.
“Al incumplir con los plazos constitucionales para formalizar la entrada en vigor de la ley que dará forma a la Fiscalía General de Justicia, el Congreso de la Ciudad de México podría dejar en el desamparo judicial a los capitalinos, al contribuir a que los índices de criminalidad se incrementen en lugar de bajarlos, como es la promesa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien deben dar los instrumentos legales necesarios para combatir el delito”, indicaron.
Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ruiz, negó que con este aplazamiento se viole la Constitución, pues el objetivo es contar el tiempo suficiente para armonizar las leyes, sobre todo la transición de Procuraduría General de Justicia a fiscalía.
“Yo insisto, no es una violación, yo creo que es un tiempo que permite —de manera más solida— resolver los temas fundamentales de la Constitución. Que hay un cambio de a de veras en la procuración de justicia en la Ciudad”, externó.
Afirmó que el cronograma propuesto por los legisladores proporciona claridad sobre los trabajos que se deben ir cumpliendo. Incluso, destacó que los nombramientos pudieran ocurrir antes de las fechas establecidas.
“Prácticamente en todas las fechas se dice ‘hasta’, lo cual no quiere decir que no se haga antes, quiere decir que nos da un tiempo máximo, un colchón que permita cumplir de manera adecuada, no necesariamente quiere decir que vamos a llegar hasta esa fecha. Lo ideal, de acuerdo a lo que se planteó, es que podamos terminar antes”, externó Ruiz.
