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El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, lamentó las declaraciones del legislador ecologista Jesús Sesma, quien advirtió a las y los diputados de otros partidos, en especial a la diputada panista Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que si dilatan la discusión de la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros, que se discuten esa comisión, más allá del 11 de marzo, ellos también prolongarían el análisis de otros temas.
“El Congreso es precisamente el espacio para el acercamiento y la construcción de coincidencias. Lo ocurrido esta mañana debió ser antecedido por encuentros previos para fomentar un debate serio y respetuoso, todo bajo la propia norma del Congreso”, señaló Atayde.
Sobre la discusión en torno a la prohibición de corridas de toros, peleas de gallos y otros espectáculos, el legislador panista recordó que se trata de un tema que genera visiones distintas, y destacó que la Comisión de Puntos Constitucionales está cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana, particularmente en sus artículos 30, 31, 32 y 33, así como en el artículo 111, fracción I, de la Ley Orgánica, que otorga un periodo de 45 días naturales improrrogables para la emisión de un dictamen.
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“Nuestro Grupo Parlamentario se mantendrá siempre alineado al marco jurídico y al Estado de Derecho. Acompañaremos el proceso legal en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Daniela Álvarez, hasta su resolución final”, sostuvo.
En ese sentido, el líder panista subrayó la importancia de respetar los procedimientos establecidos, recordando que en el pasado diversas leyes y reformas han sido declaradas inconstitucionales por no haber cumplido con el mandato constitucional de realizar consultas previas a los sectores afectados. Entre estos casos, mencionó la Ley del Espectro Autista, la Ley para Personas con Discapacidad, la Ley para Personas con Síndrome de Down, así como artículos específicos del Código Civil en materia de testamentos y de la Ley de Educación de la Ciudad de México.
“El Poder Legislativo no está para decidir sobre la aplicabilidad de la ley, sino para hacerla en beneficio de todas y todos. La instancia encargada de definir si se vulneran derechos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no el Congreso”, concluyó.
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