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La defensa legal del padre de un menor con complicaciones médicas en sus riñones, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en contra de 5 servidores públicos, por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.
En un mensaje afuera del búnker de la fiscalía, la abogada Diana Cristal González, señaló que su representado, Armando Rafael, “ha sido amedrentado”, por servidores de la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Unidad de Gestión Administrativa en Materia Familiar, y en el mismo Juzgado 17 en materia Civil y Familiar, pues no le han otorgado la custodia de su hijo, a pesar de que este ha sido violentado por su progenitora.
Narró que su cliente presentó una denuncia por violencia familiar ya que su menor hijo fue violentado por su madre, lo que lo llevó a solicitar la guardia y custodia.
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Sin embargo, Armando fue denunciado en más de tres ocasiones, lo que llevó a que el pasado 9 de mayo lo detuviera en el aeropuerto de la ciudad, a pesar de que contaba con la protección de la justicia federal, al ganar un amparo.
“La respuesta ha sido amedrentarlo, torturarlo mentalmente, detenerlo y catear su casa”, expresó la penalista, quien destacó que a pesar de ser defensora de mujeres violentadas, decidió representar el caso de Armando, por las injusticias en su contra.
Armando dijo que su hijo tiene 8 años, y que se ha invisibilizado su derecho, además de que la madre, quien trabaja en la Contraloría de la ciudad, le quitó la guardia y hoy no sabe dónde se encuentra.
Señaló que la denuncia fue presentada en contra del fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera por la detención ilegal que se orquestó en su contra, así como Ministerios Públicos.
“El 9 de mayo del 2024, a pensar de tener un amparo, más de 5 supuestos policías de investigación, sin identificar, me aprendieron en el aeropuerto a plena luz del día, diciendo que el amparo no importaba, que el juez no sabía cómo hacer amparos”, expresó la víctima.
Además, la denuncia va dirigida contra la jueza de Control, Angélica Fernández, y el juez en funciones de trámites, Ildefonso Tacuba.
El padre del menor dijo que desconoce el paradero de su hijo y su estado de salud, por lo que pidió al gobierno de la ciudad apoyo en su caso y se investigue a los funcionarios implicados en la violación de sus derechos.
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