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Luego que la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes (SEPI) capitalina, Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, expuso que todo va bien para los 289 mil 139 indígenas que viven en la Ciudad , “por la atinada política implementada por la jefa de Gobierno”, la diputada del PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, lamentó estar en contra.
“Porque esa política pública no favorece las demandas y solicitudes de estos grupos. Tal parece que lo que menos les importa es respetar los usos y costumbres, tradiciones, autonomía y libre autodeterminación de las comunidades y pueblos indígenas”, denunció tras la comparecencia de la funcionaria, con respecto a la glosa del III Informe de Gobierno .
Incluso, citó “una serie de actos de autoridad, que han causado molestia y una gran tensión con los pueblos y barrios que están en la parte sur de esta capital, quienes han denunciado ser despojados de tierras y espacios de carácter ejidal y comunal, que son sitios históricos, emblemáticos y representativos de las comunidades”, denunció Guillén Ortiz.
Como ejemplo, mencionó el caso del deportivo popular en el pueblo de San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta, “que a la mala ha sido arrebatado por la jefa de gobierno en complicidad con la alcaldesa”, Judith Vanegas Tapia; el parque de la colonia Lomas de la Era, Alcaldía Álvaro Obregón , donde construyen una sucursal del Banco Bienestar.
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De igual forma, el predio del pueblo de San Pedro Mártir, en Tlalpan, donde pretende construir viviendas sin consultar a los habitantes; el terreno destinado para la ampliación del Centro de Salud, en Villa Milpa Alta, que ahora la jefa de Gobierno quiere fraccionar, decisión que fue cuestionada por los comuneros de esa alcaldía, como si no existiera suficiente espacio en Milpa Alta.
“En ese sentido secretaría, me gustaría conocer: ¿Cuál es su postura frente a estas injusticias que viven los pueblos y barrios originarios? ¿Qué es lo que ha hecho para defender los derechos e intereses de los comuneros y ejidatarios? ¿Cuántas mesa de trabajo ha realizado para dialogar, explicar o sensibilizar a la población para justificar el despojo de sus tierras ejidales y comunales?”.
Pero la funcionaria nada respondió, como tampoco de lo que hace para la protección del ambiente en los territorios donde históricamente están los pueblos y barrios originarios, frenar la sobreexplotación de los recursos naturales y el deterioro del suelo de conservación.
Aunque eso sí, Ruiz Mondragón presumió que la secretaría a su cargo tendrá un aumento significativo para el próximo año, al notificarle, según ella, la Secretaría de Finanzas de 164 millones de pesos.
No obstante, explicó, esto representa un aumento de 43 millones de pesos con respecto a los recursos que tuvo en 2021, “pero esta secretaría tiene uno de los presupuestos más bajos, sino es que el más bajo. Hay interés en el Gobierno de la Ciudad para atender de mejor forma a la población de pueblos y barrios”, puntualizó.
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Asimismo, destacó, del uno de agosto del 2020 al 31 de julio pasado, la SEPI atendió la demanda de 4 mil 139 personas indígenas que solicitaron viviendas, y las cuales les serán otorgadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), y en coordinación con la Secretaría de Gobierno.
“Las actividades económicas de la Ciudad han representado históricamente un polo de atracción para la población indígena, ya que los ingresos aquí resultaban mayores a los generados por la agricultura o la ganadería en sus comunidades de origen. Esta situación derivó en un gradual incremento de población indígena en la Ciudad y el consecuente incremento en la demanda de vivienda y servicios”, detalló.
Añadió que se redireccionó a 5 mil 646 personas de comunidades indígenas y mil 820 de pueblos originarias a la Secretaría del Trabajo, para que le brindará el apoyo correspondiente al Seguro de Desempleo, principalmente, durante la pandemia por Covid-19 .
Detalló que buscan realizar un Registro de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas, lo que ha sido uno de los mayores desafíos de la dependencia, sobre todo porque la emergencia sanitaria no permitía las reuniones presenciales.
Destacó que este sistema de registro ha generado grandes expectativas en las personas de pueblos y barrios, pues con esto podrían exigir servicios y, con ello, facilitarían los procesos de participación ciudadana de la capital.
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apr/nv
