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Un grupo de morenistas, encabezados por el diputado local Víctor Hugo Romo, denunciaron en la Secretaría de la Contraloría General a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara del Jardín Tabacalera.
En su denuncia exigen a la Contraloría revisar y sancionar a la alcaldesa por lo que llamaron una remoción arbitraria de las esculturas.
“Venimos a defender la legalidad, el patrimonio cultural público y la libertad de pensamiento en nuestra Ciudad de México”, sostuvieron los promoventes de la queja.
Plantearon que la alcaldesa ordenó el retiro de las estatuas sin cumplir con los procedimientos legales que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
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Argumentaron que Rojo de la Vega tampoco consultó ni obtuvo autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP), instancia obligada a revisar cualquier movimiento, cambio, modificación o restauración de los monumentos públicos.
Los denunciantes señalaron que este acto no solo representa una falta administrativa, sino una clara expresión de intolerancia ideológica y discriminación.
Precisaron que las estatuas conmemoraban el primer encuentro en México, en 1955, entre los líderes revolucionarios Fidel Castro y el ‘Che’ Guevara, ocurrido precisamente en la colonia Tabacalera.
“La historia no puede borrarse por capricho de una autoridad con sesgo ideológico. Las estatuas pueden retirarse, pero la memoria colectiva debe respetarse. La alcaldesa actuó con autoritarismo y desconocimiento histórico, violentando la pluralidad y el derecho a la diversidad ideológica”, dijo Romo Guerra.
Los promoventes solicitaron que la Contraloría investigue, sancione y transparente el procedimiento mediante el cual se ordenó el retiro de los monumentos y, de no existir expediente legal debidamente constituido, se actúe conforme a derecho.
También exigieron una auditoría a los gastos realizados por la alcaldesa durante su viaje a España del 1 al 7 de julio, acompañado de parte de su equipo.
“Ninguna autoridad puede colocarse por encima de la ley, y menos usar el poder público para imponer sus preferencias políticas”, subrayaron.
Finalmente, enfatizaron que esta queja no es solo por dos figuras de bronce, sino por el respeto al patrimonio histórico, la legalidad y la sana convivencia democrática.
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