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El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aclaró que la entrada en vigor de la llamada “3 de 3 contra la violencia de género” no se aplazó.
En un comunicado, recordaron que las modificaciones al apartado C del Artículo 10 y al numeral 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a la prohibición de que las personas sentenciadas por violencia de género, agresión sexual o deudoras alimentarias morosas ocupen cargos en el servicio público, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de noviembre de 2023 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que actualmente están vigentes.
La reforma aprobada el día de hoy, precisaron, está relacionada concretamente a la entrada en vigor de otras disposiciones que están contempladas en este apartado C del Artículo 10 constitucional que, hasta el día de hoy, no han iniciado su vigencia por encontrarse en un periodo de vacatio legis.
“Finalmente, queremos recordar que desde el Grupo Parlamentario de MORENA se impulsó esta propuesta para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir más libres y seguras. Al mismo tiempo refrendamos nuestro absoluto compromiso con la lucha de las mujeres en la ampliación de sus derechos y en todas las acciones realizadas para erradicar la violencia de género”, indicaron.
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El pleno del Congreso capitalino aprobó, por unanimidad, que hasta 2030 entren en vigor todos los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores.
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Originalmente estas reformas entrarían en vigor este 31 de agosto de 2024, pero con la modificación aprobada al Artículo Tercero Transitorio de la Constitución capitalina, será hasta el 1 de enero de 2030 cuando se apliquen.
Estas disposiciones que se aplazaron se encuentran plasmadas precisamente en el Artículo 10, Apartado C de la Constitución local, que entre otras cosas señala que los conflictos laborales serán dirimidos por un Tribunal Burocrático.
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También este apartado establece que nadie que cuente con sentencia firme por delitos sexuales o sea deudor alimentario podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidato.
La diputada Polimnia Romana precisó la aprobación de este dictamen es una “trampa” que escondieron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública “porque protege a deudores alimentarios que laboran en el Gobierno local”.
jf/cr
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