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Nextlalpan, Méx.— En abril de 2024, Jorge Luis acudió a su domicilio ubicado en la calle Felipe Sánchez de la colonia Ex-Hacienda Santa Inés, del municipio de Nextlalpan, pero se encontró con la sorpresa de que había gente desconocida en su interior.
“Para mí fue una sorpresa muy grande lo que pasó, la casa tenía sus candados en las ventanas, en el zaguán y en la parte de atrás le mandé a hacer un enrejado desde la barda hasta el techo donde no cabe ninguna persona y vecinos me dijeron que por ahí cortaron y se metieron”, comentó.
Jorge Luis compró la casa en 2010 y al paso de los años, junto a su esposa, comenzó a ampliar la vivienda y en una ocasión, al no tener dinero para las ventanas, se quedó descubierto y le robaron el boiler, la tarja y otros materiales.
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Después, por la pandemia de Covid-19 dejó de vivir en el sitio; sin embargo, dijo, visitaba su casa frecuentemente para limpiar y ver que todo estuviera en orden.
En abril de 2024 llegó a la casa para limpiarla y se percató de que ya había gente, por lo que buscó ayuda de seguridad pública municipal y un hombre afirmó que le rentaban el lugar y posteriormente dijo que era de su propiedad, mostrando documentación presuntamente falsa.
Decidió denunciar el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y comenzaron las investigaciones, para julio del año pasado ya contaba con la acreditación del Instituto de la Función Registral del Estado de México, documentos del pago de predial y agua.
“Dos meses y nunca se encontraba al policía de investigación al que le asignaron la carpeta. Me mentían para ir retrasando, me decían que le tocaba su turno en días que no estaba hasta que lo fui a buscar. Me estaban poniendo obstáculos desde la fiscalía”, señaló.
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Los ocupantes de su casa, “pusieron un negocio para poner y pintar uñas y también llegaron a vender gorditas”.
Otro caso es el de Lucía, habitante del fraccionamiento Urbi Quintana Montecarlo, en Cuautitlán Izcalli; contó que en febrero de este año fue despojada de dos viviendas. La primera, indicó, llegaron con una orden judicial y para la segunda sujetos irrumpieron para que se saliera.
Explicó que tras el acto judicial que cayó en su contra, el pasado 12 de febrero decidió mudarse junto a sus hijos a la casa de al lado, en la misma calle, la cual también es de su propiedad y antes la usaba como bodega.
A ese mismo domicilio, expuso, se presentó un abogado penalista para exigirle que mostrara la escritura pública, a lo que siguieron intimidaciones en su contra.
Después se enteró que hubo una junta vecinal en la que un abogado habría dicho a los colonos que llegaron que también aprovecharían para que no se acomodara en la otra vivienda, tomando ella como medida preventiva legal el ampararse.
“Contrataron a unas siete personas ajenas al fraccionamiento, esas personas aventaron mi reja a la fuerza y entraron a mi domicilio y empezaron a violentar a mi hijo, lo empujaron, lo tiraron y comenzaron a tomar todas las cosas del jardín en la otra casa. Sacaron mis cosas a la banqueta y a desalojarme”, declaró.
Por esa segunda vivienda presentó una denuncia por el delito de despojo ante la fiscalía mexiquense esperando obtener justicia, ya que desde que su esposo desapareció hace 10 años no regularizó la situación jurídica de los documentos.
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