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El diputado local de Morena Alberto Vanegas advirtió que existen lagunas legales que impiden una mejor protección de los animales, por lo que presentó una reforma integral a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, a fin de cerrar las brechas normativas que hoy limitan una respuesta eficaz ante actos de crueldad y negligencia hacia los seres sintientes.
Destacó que la capital ha sido pionera en el reconocimiento de los derechos de los animales y en el diseño de una legislación especializada, como la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. No obstante, advirtió que aún existen lagunas importantes entre esta ley y la Ley de Cultura Cívica, especialmente en lo relativo al tipo de infracciones que pueden ser sancionadas por los Juzgados Cívicos, y “esta desarticulación normativa genera incertidumbre jurídica y resta eficacia a la protección animal como política pública integral”.
El legislador lamentó que más de 1.2 millones de perros viven en situación de calle en la Ciudad de México, y cada mes se suman aproximadamente 18 mil nuevos casos de abandono, de acuerdo con datos del Inegi.
Además, subrayó que, entre 2019 y 2024, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió más de 18 mil denuncias por maltrato animal, siendo Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón las alcaldías con mayor incidencia.
Agregó que se han documentado casos de tortura y sacrificios rituales, con más de 2 mil carpetas de investigación abiertas en los últimos cinco años, pero solo el 19% ha sido judicializado.
El morenista también denunció el uso de animales en espectáculos públicos y privados sin regulación, así como casos de mutilaciones y muertes rituales de gatos negros y blancos, particularmente en octubre y noviembre. Como medida preventiva, varios refugios han suspendido temporalmente las adopciones en dichas fechas.
Ante este panorama, Vanegas Arenas propuso adicionar un artículo 29 bis a la Ley de Cultura Cívica que identifique 22 conductas específicas de maltrato y crueldad, conforme a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, y modificar los artículos 31 y 32 para establecer sanciones administrativas proporcionales, con multas o penas correctivas.
“Estas modificaciones permitirán que los Juzgados Cívicos cuenten con herramientas precisas para sancionar de manera inmediata y efectiva las conductas de maltrato”, enfatizó y explicó que la sanción administrativa no solo tiene un propósito correctivo, sino también pedagógico y preventivo.
Finalmente reiteró enfáticamente la importancia de armonizar el marco legal para que ninguna norma quede rezagada en la defensa del bienestar animal, pues “es una obligación ética, ecológica y profundamente humana”.
vcr
