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El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, dijo que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que dueños de propiedades de Santa Fe acrediten la titularidad de un predio o un inmueble, debido a una indagatoria, es excesiva ya que no tienen fundamento legal, además de que están generando una afectación a la zona.
“La FGR está mintiendo al decir que hubo una expropiación, es decir, que los terrenos nunca fueron propiedad del gobierno. Ya basta, están generando una afección después de la pandemia a la inversión del centro financiero más importante de América Latina, que bastante nos costó levantar tras la pandemia”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Lo anterior se debe a que el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR detalló que se interpondrán acciones legales contra quienes, en el polígono que comprende entre la carretera federal y la autopista México-Toluca en Santa Fe, construyeron, vendieron y hayan cometido el delito de vender un bien propiedad de la nación.
Ya que dichos terrenos desde hace más de 100 años son del gobierno de México, y que hay decretos de 1907 y de 1917 que los amparan.
Al respecto, el edil aseguró que las más de 500 notificaciones entregadas por la FGR a vecinos y propietarios de inmuebles en Santa Fe son ambiguas, porque no especifica a quién están dirigidas, no enuncia qué delitos son los que se investiga y no se determina si es un citatorio para un testigo o para un imputado de algún presunto ilícito.
Expuso que es un exceso de la autoridad advertir que, de no comparecer con los documentos estrictamente personales de la propiedad de los particulares, se amague con imponer una multa de 28 mil pesos.
Dijo que para sostener la indagatoria, la FGR basa su expediente en un decreto emitido en 1907 por el entonces presidente Porfirio Díaz, pero que no hay expropiación y en 1917 de abroga todo lo anterior.
Añadió que el litigio que promueve la fiscalía se circunscribe a 53 hectáreas, donde hay 500 inmuebles y 2 mil 500 personas, las cuales, dice el propio alcalde, habrían sido urbanizadas con permisos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, e incluso, los terrenos aledaños a este polígono fueron vendidos a particulares por la empresa pública Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (Servimet), a cargo del Gobierno capitalino.
“Ellos estaban investigando temas de delincuencia organizada en razón de dos personas en trata de personas, y ahora llegan a buscar hasta 1917 para decir que los terrenos son nuestros no tiene nada que ver”, aseguró el edil.
En ese sentido, recomendó a los vecinos que no acudan a comparecer y que vayan a la alcaldía para que les puedan dar asesoría legal, así como una explicación sobre que su propiedad está segura.
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