Cuautitlán Izcalli, Méx.— Transportistas de carga que circulan por la autopista Chamapa-Lechería no se sienten seguros, pues ven poca presencia policial en la vía de cuota que consta de 36 kilómetros y que atraviesa por Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, tres municipios que se localizan en el Estado de México.
La arteria inicia en Cuautitlán Izcalli, cuya caseta de acceso se ubica al pie de la entrada al parque industrial San Martín Obispo, el cual concentra decenas de bodegas de distintas empresas, desde las que salen conductores en camiones, tractocamiones, tráileres y vagonetas como el caso de José Joel Aquino, quien maneja para una compañía de paquetería.
“Normalmente salgo en las mañanas de la bodega y viajo para Naucalpan o para Toluca, depende el rol, y se podría decir que la autopista la tienen bien cuidada, sin baches y también bien descuidada, sin policías. A nosotros nos monitorean vía GPS desde la base y en tránsito nadie nos cuida, salvo que trajeras custodia y aun así pasa que te apañan”, declaró.
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El chofer subrayó que la circulación viral en redes sociales de un asalto ocurrido este año en la Chamapa-Lechería revela a lo que están expuestos cada día. Desde su perspectiva, ninguno de los gobiernos que han pasado ha diseñado una estrategia eficaz para evitar que pierdan mercancía o que los operadores terminen muertos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo a transportista en el Estado de México registra una disminución de 11.3% en una comparativa del primer trimestre de 2024 con el mismo periodo de 2025.
Sin embargo, del total en la entidad mexiquense se concentra 51% de los robos denunciados en todo el país, revelan cifras del SESNSP, como publicó EL UNIVERSAL el pasado 21 de abril.
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Al respecto, choferes de este tipo de unidades entrevistados coinciden en que hace falta mayor presencia de seguridad en la autopista Chamapa-Lechería.
“En ese video que salió apenas nunca se ve que pase una patrulla. Los compañeros estamos expuestos a que nos toque y si eso pasa, pues a esperar que no te maten. Eso pasa en la Chamapa y en cualquier otra del país, ya hay mucho ratero y poca policía y si nos manifestamos lo típico es leer que nos vayamos al palacio de gobierno para no afectar a la gente. Lo que muchos no ven es que nuestra chamba es esencial para todos, nosotros somos los que movemos los productos que son básicos para la vida diaria”, puntualizó Jorge Liceaga, operador de un camión de una tienda de conveniencia.
Ernesto Flores, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), en el Estado de México, explicó que uno de los agremiados sufrió un intento de asalto en dicha vialidad, en marzo de este año, “dos camionetas se le pegaron al operador de un tráiler y se le quisieron cerrar; el operador les aventó el camión y afortunadamente nunca le dispararon y él les aventaba el tráiler y ellos se quitaban”.
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En reuniones a las que son convocados por la Guardia Nacional, instancia que está a cargo de la vigilancia en la autopista de cuota adscrita a Caminos y Puentes Federales (Capufe) les indicaron que está dividida la operatividad entre las jurisdicciones de la estación de la GN ubicada en Cuautitlán Izcalli y en la de la alcaldía de Cuajimalpa, de la Ciudad de México.
“Resulta que de los kilómetros cero al 13 le toca a la estación de aquí de Izcalli y después del 13 a la estación de Cuajimalpa, así está dividido en esa zona. A nosotros nos quisieron asaltar desde que salimos de la caseta de Cuautitlán Izcalli. Dijeron que iban a incrementar la presencia, pero nada más”, expuso Flores.
El proceso de recuperar un vehículo cuando los delincuentes llegan a perpetrar un robo y posteriormente las autoridades logran su aseguramiento se puede convertir en un tema más de corrupción, aseguró, pues en los ministerios públicos les llegan a pedir de 20 mil a 40 mil pesos para entregarlos.
“La otra son las grúas, te cobran lo que quieren. Eres víctima por todos lados. Primero del asaltante y si no mató al operador, después de la autoridad, porque te complican todo. Los trámites engorrosos, los peritos te piden dinero, el MP te pide dinero y luego, para colmo, después de que te liberaron la unidad, vete a pelear con las grúas, que te cobran de 40 mil a 80 mil pesos”, comentó Ernesto Flores, al tiempo de informar que a los gastos comunes de los transportistas se suma el pago de seguro anual que ronda los 125 mil pesos.
También precisó que han visto presencia de policías de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México que no son adscritos a tareas de recuperación de vehículos y acusan que detienen a los vehículos de carga para requerir documentación y posteriormente incurrir, presuntamente, en actos de corrupción.
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