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Dieciséis jóvenes cuyos padres se encuentran en prisión pagando una condena reciben 3 mil pesos mensuales por parte del programa Jóvenes Unen al Barrio del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve-CDMX), para realizar acciones en favor de sus comunidades como talleres deportivos, murales para dignificar las calles, todo con el objetivo de sacar de actividades delictivas a otros jóvenes.
Ali, de 20 años, quien vive en la alcaldía Benito Juárez, es una de las beneficiadas.
Desde muy chica tuvo que solventar los gastos de su casa ya que su madre fue enviada a prisión al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Dejó sus estudios y a los 20 años busca aprender gastronomía. Sus actividades las divide entre el programa y atendiendo una cafetería. “El Injuve me esté haciendo creer que tengo otra oportunidad”, expresó a EL UNIVERSAL, vía telefónica.
Contó que el instituto conoció el caso de su madre y la invitaron a participar. Ahora, ella orienta a otros chicos de su comunidad para que se involucren en actividades deportivas, artísticas, culturales y saquen sus dotes.
“Los entornos de la adolescencia son muy complicados que te presentas ante muchas situaciones con jóvenes que no están en un camino bien, por suerte no hemos llegado a eso. A nuestro alrededor está el tema de la droga”, compartió Ali.
Sobre el involucramiento de los jóvenes con el crimen organizado, contó: “Sinceramente creo que es más factible para los jóvenes irse al lado equivocado por mayores ganancias”.
En entrevista, la directora del Injuve de la CDMX, Beatriz Olivares, explicó que el programa Jóvenes Unen al Barrio involucra dos sectores en específico de la juventud. El primero son aquellos que han tenido conflictos con la ley a través del robo y cuyos procesos legales son más cortos por ser menores de edad; mientras que el segundo son los hijos de personas que cumplen una sentencia en reclusorios.
De los 16 jóvenes, en cinco casos sus madres están en Santa Martha Acatitla, siete más sus padres están en la Zona Diamante del Reclusorio Oriente, dos más, en donde sus padres son custodios de Sistema Penitenciario, por mencionar algunos.
Olivares aseguró que los jóvenes “no reciben un beca, tienen obligaciones y deben cumplir con trabajo voluntario. No es que les demos el dinero y ya”.
Aparte, el Injuve trabaja con 200 jóvenes que tuvieron conflicto con la ley, y quienes buscan su reinserción social con actividades recreativas en sus barrios para que dignifiquen la zona, además de hacerlos participes en procesos comunitarios y evitar su criminalización al haber terminado su proceso judicial.
“Debemos ser corresponsables cuando un joven toma una mala decisión somos partícipes de eso la comunidad, el núcleo familiar y por supuesto el Estado, y a partir de eso ellos bajan a los barrios y les dicen ‘si carnal las cosas pueden ser muy fáciles por ofrecerte 3 mil pesos por pararte en una esquina a cuidar, pero pierdes tu libertad’”, expresó.
Dijo que la delincuencia se está aprovechando de la vitalidad de los jóvenes para involucrarlos, por lo que de la mano de este programa buscan alejarlos.
