La (FGJ) capitalina busca desmantelar a una banda integrada presuntamente por personal que la labora en oficinas administrativas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), que exige derecho de piso a ambulantes de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa; les cobraba hasta 500 pesos diarios a comercios sin permisos a cambio de “no molestarlos”.

A quienes se negaban los golpeaban o incluso pedían ayuda a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para retirarle los puestos.

Al respecto, la Sedesa reveló a través de un comunicado que el imputado, Carlos Antonio Martínez Rosas, trabajó en un área administrativa de la dependencia hasta el 31 de octubre de 2021, por lo que actualmente —aseguró— “no existe una relación laboral con esta persona”.

Sin embargo, de acuerdo con las indagatorias de los agentes de investigación, habría al menos otros cinco empleados que extorsionan a ambulantes.

Consta en la carpeta de investigación FICUH/UAT/CUH-2 /UI-1C/D/05463/11-2021, que se inició por los delitos de robo, amenazas y extorsión, que el imputado se ostentaba ante los comerciantes como inspector y que incluso mostraba credenciales que lo avalaban como tal, por esa situación se “veían en la necesidad de pagarle” a cambio de no retirarle los puestos, ya que ni uno de estos tenía los permisos para vender, sobre todo comida, en la vía pública.

Los afectados refirieron a la autoridad que la pandemia y el no poder conseguir gas LP complicaron su situación económica, pues por varias semanas no se instalaron. Sin embargo, cuando pasaba el inspector les advertía que entendía la situación, pero que una vez que todo volviera a la normalidad debían de pagar lo atrasado y así ocurrió el mes pasado cuando la exigencia de la cuota incrementó y fueron más agresivos, por eso denunciaron ante las autoridades.

La investigación de la fiscalía local indica que al menos otros cinco empleados de distintas áreas de la propia Secretaría de Salud siguen implementado el mismo modus operandi, por lo que trabajan de manera interna con la Sedesa para desmantelar a esos grupos que exigen cuotas a miles de informales establecidos en alcaldías del sector Centro.

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