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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) buscará revertir la suspensión temporal que obtuvo el Congreso capitalino para no acatar el fallo del Tribunal Electoral local (TECM) que les ordena entregarles más presupuesto.
Diputados locales de Morena aseguraron que no cayeron en desacato y que están defendiendo su autonomía.
En entrevista, el consejero del IECM, Mauricio Huesca, dijo que solicitarán al Tribunal Electoral local que haga valer su sentencia y se inconforme con esta suspensión temporal que otorgó una magistrada del Poder Judicial, pues esta instancia no es competente para atender temas electorales.
“Existe un recurso de reclamación ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, y esto se resuelve por el pleno y no sólo por la magistrada. En ese caso, podrían determinar si revocan o confirman esta medida cautelar, y nosotros tendríamos que alegar que la sala es incompetente para conocer de estos casos, esto es exclusivo del fuero federal”, apuntó.
Recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios electorales promovidos por el Poder Ejecutivo y Legislativo local, por lo que la sentencia del TECM queda firme.
Huesca refirió que analizan ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una controversia constitucional para que esta instancia haga cumplir su derecho.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Valentina Batres, indicó que no buscan ganar tiempo con esta controversia constitucional, sino defender una decisión soberana.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz-Polanco, precisó que si la decisión de la Sala Constitucional no los favorece, cumplirían a cabalidad la sentencia del TECM. Dejó en claro que no están cayendo en ningún desacato, aunque ayer vencía el plazo para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral local.
Al respecto, Jessica Rojas, especialista en derecho electoral, comentó que no puede haber desacato del Congreso en este tema por tres razones fundamentales: porque no existe imposibilidad jurídica para que lo hagan, ni imposibilidad material para no cumplirse.
“Será un tema que se resolverá por la vía de la negociación política”, aseguró.
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