La Operación Liberación, que se desplegó en 14 municipios del sur del Estado de México, significó un golpe a la estructura de financiamiento de La Familia Michoacana. Fueron detenidas ocho personas que controlaban la distribución y precios de productos que van desde pollo y carne hasta materiales de construcción.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de 63 cateos en 52 establecimientos, 44 fueron asegurados entre minas, pollerías, ranchos, casas de materiales de construcción y un rastro donde se vendía a sobreprecio, que en algunos casos alcanzaba 400%.
El fiscal mexiquense José Luis Cervantes reveló que para controlar el sector de la construcción en el sur, el grupo criminal con orígenes en Michoacán “disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva, los cuales se encargan de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, en otros”.
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Como resultado del operativo, hubo siete detenidos por órdenes de aprehensión para investigarlos por delitos de extorsión: Eli “N”, quien operaba la distribución de cemento en Valle de Bravo; Gonzalo “N”, líder del Sindicato Bradosva y Alicia “N”, encargada de la contabilidad de materiales de construcción en Ixtapan de la Sal.
También Jorge “N”, líder de madererías en Valle de Bravo, así como Yareli “N”, la regidora en Ixtapan de Sal, quien ya fue vinculada a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y ligada a La Familia Michoacana.
José Fernando “N”, dueño de madererías en Ixtapan de la Sal; Antonio “N”, quien vendía la carne en Sultepec, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisiras.
Bernardo Alejandro, el octavo detenido, fue atrapado en Quintana Roo y era el encargado de la venta de pollo en Ixtapan de la Sal. Todos operaban como un grupo delincuencial ligado a La Familia Michoacana, dedicado al delito de extorsión, basado principalmente en el encarecimiento de precios, como el kilo de retazo que en Toluca vale 25 pesos y en Ixtapan de la Sal se eleva a 118 pesos, es decir, 372% más.
También imponían cuotas para entrega de paquetería.
“Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, logística y hasta la promoción del producto”, señaló el fiscal estatal.
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Lo anterior se dio a conocer un día después del despliegue de la operación de autoridades estatales y federales en la que participaron 2 mil 800 elementos. Como respuesta a las acciones, hubo bloqueos de transportistas que reclaman el retiro de sellos de los negocios asegurados.
En conferencia de prensa, desde la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular Omar García Harfuch afirmó que se trata de la operación más grande para atacar una red criminal de extorsión en el país, y que “combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger a la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México, y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos, hasta material de construcción”.
El secretario confirmó que el grupo criminal al cual están ligados los detenidos es La Familia Michoacana.
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El fiscal mexiquense explicó que el operativo surgió a raíz de una investigación minuciosa iniciada hace seis meses con base en denuncias anónimas.