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Toluca.- El Gobierno del Estado de México establece medidas preventivas contra incendios forestales provocados, y advierte que aplicará con severidad la ley para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien o quienes los realicen de manera intencional.
Las medidas “son contundentes para salvaguardar el medio ambiente y proteger a los ciudadanos", aseguró en un comunicado difundido por la autoridad estatal, en el cual se explica que las acciones se han establecido de manera anticipada a la época de los siniestros.
Entre las acciones se contempla capacitaciones en municipios, ejidos y bienes comunales para fortalecer la prevención y respuesta ante incendios, así como la coordinación con fuerzas federales como la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como instancias estatales para la persecución de responsables.
Se consigna en el comunicado que la administración estatal ha establecido, de manera anticipada a la temporada, la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Atención de Incendios Forestales, con el respaldo de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Horacio Duarte Olivares.
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Y cita la información que difundió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) en su redes sociales que dice textual:
“Analizamos los avances en seguridad, así como en la prevención de incendios forestales, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió información sobre la detención de doce personas vinculadas a estos hechos en once municipios”.
Desde marzo de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha detenido reportó la detención de estos 12 individuos, así como el inicio de 11 investigaciones en la misma cantidad de municipios por incendios provocados, demostrando un compromiso firme en la protección del patrimonio natural del estado.
Provocar incendios, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal del Estado de México y el Código Penal Federal, constituye un delito severamente castigado.
Las sanciones pueden incluir multas de hasta 20 mil días de salario mínimo, así como penas de prisión, que van de 2 a 10 años, dependiendo de la gravedad del caso y de la determinación de las autoridades competentes.