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El Gobierno capitalino firmó un convenio de colaboración en el que participan instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, el Registro Civil, así como el Registro Público de la Propiedad y Comercio, contra los negocios y propiedades que se construyeron o adquirieron con recursos de procedencia ilícita.
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, destacó la importancia de la colaboración de instituciones en cuestión de seguridad y de impartición de justicia, lo que permitirá “ubicar, confiscar e identificar a quien o quienes pertenecen negocios o inmuebles y sobre todo, seguir el rastro de dónde provienen los recursos de manera ilícita”.
El procurador, Edmundo Garrido, dio a conocer que a unas semanas que se diera esta coordinación interinstitucional, se tienen cinco carpetas de investigación, nueve inmuebles asegurados para extinción de dominio y varios edificios más recuperados, todos al ser adquiridos con recursos de procedencia ilícita.
Además, consignaron a 14 imputados en nueve detenciones; cinco más actualmente son investigados. Esto ha permitido al Gobierno capitalino incautar 86 millones de pesos, recursos que no se pudieron acreditar legalmente o que, incluso, con base a la información proporcionado por inteligencia financiera, fueron producto de la delincuencia.
La colaboración para el intercambio de la información relacionada con algún juicio o carpeta de investigación que se tenga interés o se requiera de aquella por el TSJ, PGJ, CJSL, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Comercio.
“Esto surge cuando detectamos que los delincuentes, cuando cometen algún delito, tienen como estimulo la ganancia y el uso de esos bienes. Para evitar la ilegalidad y el patrimonio ilícito tiene dos alcances muy importante; proteger a las personas en su patrimonio, es decir que la ciudadanía que trabaja de manera legal no sufra ninguna merma.
“El segundo, tomar el patrimonio ilícito como un producto ilegal, esto nos permite a nosotros generar acciones que ya veníamos trabajando, pero ahora se puntualizan en conjunto para empezar a dar resultados”, explicó José Ramón Amieva, quien destacó que gracias a este trabajo, las autoridades se dieron cuenta que los delincuentes han utilizado herramientas jurídicas para hacerse de algunos bienes.
“Quiero decirles que para nosotros fue muy difícil señalar que en muchos de los casos los delincuentes utilizaron herramientas jurídicas para lograr esta serie de dilectos y obtener una serie de patrimonio que a todas luces es ilegal”, puntualizó el jefe de Gobierno.
