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Naucalpan, Méx.— En el Estado de México en lo que va del año suman 93 denuncias ante la Fiscalía general de Justicia del Estado de México, por el delito de aborto, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta el 31 de octubre.
La cifra es menor a las 137 registradas el año pasado de enero a octubre, de acuerdo a la estadística de incidencia delictiva del SESNSP, analizada por EL UNIVERSAL.
Ha habido algunos casos en que los familiares, como una madre que denunció a su propia hija por abortar, sin embargo no han continuado con la denuncia ante juzgados, explicaron autoridades.
Sin embargo, en penales mexiquenses no hay una sola mujer presa por este delito, ni bajo proceso por haber abortado, indicaron autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
En el Estado de México sólo hay un hombre sentenciado por golpear a su pareja y provocarle un aborto, puntualizaron funcionarios del PJEM.
Este 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso mexiquense aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
En todo el país hay un registro de 649 denuncias por abortos, por lo que el Estado de México registra el 14.3% de las investigaciones abiertas por las fiscalías por este delito, en los primeros 10 meses de este año, de acuerdo a un análisis realizado por EL UNIVERSAL.
De abril de 2007 a junio de 2024, 27% de quienes accedieron a servicios de clínicas de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, procedían del Estado de México, por lo que con la despenalización, ahora podrán acceder a estos servicios sin salir de su estado, señalaron investigadoras de la organización Ipas.
Por ello con la legalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, permitirá “facilitar las vías de acceso para que las personas puedan decidir, para que ninguna maternidad sea forzada y para que las vidas de las personas no sean puestas en riesgo con embarazos en edades tempranas o con abortos inseguros”, afirmó Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC, quien reiteró que “el embarazo forzado significa llevar una maternidad forzada y son la cara más oscura de la violación de los derechos sexuales y reproductivos”.
“Históricamente, la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito ha afectado a quienes viven en situación de pobreza, lejos de los servicios de salud y en zonas rurales; a personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y migrantes; así como a las víctimas de violencia sexual”, reiteraron activistas de Ipas.
El Estado de México ocupó el segundo lugar del país con mayor número de nacimientos en niñas menores de 15 años en un año, con un registro de 805 embarazos infantiles, señalaron activistas de Ipas, organización internacional que busca incrementar la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente, el derecho al aborto.
