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El abogado de cinco imputados por la Línea 12 , entre ellos Enrique Horcasitas , exdirector del proyecto Metro, Gabriel Regino, dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) deberá responder a la demanda de amparo y al juez federal sobre la existencia del acuerdo reparatorio con Grupo Carso y de a conocer por qué lo mantiene oculto.
Adelantó que continúan con la revisión de la carpeta de investigación y que en ella encontraron un conflicto entre peritos de la FGJ y los de la empresa DNV.
En entrevistas con EL UNIVERSAL , el abogado explicó que es inconstitucional que la FGJ haya argumentado que es confidencial dicho acuerdo y más cuando hay un proceso penal abierto.
“Es en contra de la Constitución que un acuerdo lo quieran mantener en lo oscurito y en un proceso a nosotros nos quieran, como en la inquisición, quemar como si fuéramos brujos. Lo que queremos con este amparo es que salga a la luz, que haya transparencia, queremos saber qué pasó con Carso y las víctimas”, señaló el doctor Gabriel Regino.
Y es que en la demanda de amparo 1076/2021 que fue aceptada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo Penal, la defensa de los ex funcionarios argumentó una persecución política por parte de la FGJ y que el Juez federal debía intervenir para que la institución capitalina dé a conocer el acuerdo reparatorio.
La Fiscalía capitalina tendrá 8 días hábiles para responder a la demanda de amparo.
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Gabriel Regino estimó que si el repunte en los contagios por la pandemia por Covid-19 persiste hasta el 15 de enero, los procesos judiciales volverán a retrasarse, aunque confió que para la audiencia del 7 de marzo este amparo se haya resuelto.
“A la fiscalía capitalina no le asiste razón, quiere manipular políticamente un proceso penal y se va a ir tropezando y nosotros vamos a agotar todas las instancias legales, incluida el amparo para conocer la verdad”, dijo a este medio.
Señalan anomalías
El abogado Gabriel Regino señaló que existen anomalías en la carpeta de investigación la cual siguen analizando, y que en ella encontraron cómo quedó asentado un conflicto entre los peritos de la FGJ y los de la empresa noruega DNV, encargados del peritaje de la Línea 12.
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En dicho documento, se refiere que los encargados de estar en los laboratorios eran únicamente los peritos de DNV y que los de fiscalía no podían intervenir, cosa que no sucedió.
“La fiscalía capitalina actuó con una presión política excesiva que la llevó a tratar de enderezar la Invea exclusivamente a la falta de pernos y a que la fatiga por distorsión era por un mal diseño (de la Línea 12 )”.
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